Editorial

Una rectificación anunciada
7 de Mayo de 2016


El Gobierno se dejó presionar por grupos de interés y medios de comunicación que, tras una valoración superficial de estudios y conceptos, juzgaron irrebatibles sus tesis contra el glifosato.

Un año después de que el Gobierno Nacional determinara suspender el uso del glifosato para fumigar los cultivos ilícitos, tanto mediante aspersión aérea como fumigación manual, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió el miércoles retomar ese herbicida para asperjar manualmente los cultivos de coca y amapola, una decisión que reavivó la polémica en torno a los supuestos efectos nocivos del producto, pero que el Gobierno, al parecer, está dispuesto a capotear ante la evidencia irrefutable del aumento de las hectáreas dedicadas a los cultivos ilícitos, crecimiento que se empezó a hacer notorio precisamente tras la reducción de las aspersiones en el año 2011.


A partir del anuncio de esta nueva decisión, todos los argumentos que hace un año se blandieron para presionar el veto sobre la sustancia, han sido retomados para criticarla. A nuestro modo de ver, lo que esta decisión ha dejado en evidencia es la manera como el Gobierno se dejó presionar por grupos de interés y medios de comunicación que tras una valoración superficial de estudios y conceptos, juzgaron irrebatibles sus tesis contra el glifosato. No de otra manera se puede interpretar que las consideraciones hechas por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc, por sus siglas en inglés), órgano adscrito a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en marzo de 2015 hizo público un informe según el cual “probablemente” el glifosato puede causar cáncer en humanos, hayan sido determinantes en un momento dado para dar un giro de 180 grados en los mecanismos de erradicación de los cultivos ilícitos, y que ahora tales consideraciones hayan perdido su carácter de verdad indiscutible.


Cabe recordar que la decisión de suspender el uso del herbicida se tomó por las presiones del hoy ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y del hoy secretario de Seguridad del Distrito Capital, Daniel Mejía Londoño, antiguos co-investigadores de la Universidad de los Andes y quienes por años han abrazado la causa contra las fumigaciones de cultivos ilícitos, evitando analizar las complejidades del control a los mismos y eludiendo discutir sobre la necesidad que los agricultores tienen de usar el glifosato en sus actividades cotidianas. Su postura se vio reforzada por el pronunciamiento de la OMS (tan ambiguo como el que meses más tarde declaró que los embutidos estaban en el mismo nivel de riesgo que el herbicida) a tal punto que se sintieron con derecho para que la Comisión Asesora de Drogas, de la que ambos hacían parte, conminara al Ministerio de la Defensa y a la Policía Nacional a no analizar otras alternativas para la fumigación, bajo la premisa de que sería cambiar un daño por otro.


Aun así, el timonazo dado por el Gobierno esta semana viene acompañado del anuncio de la búsqueda de un nuevo químico para las aspersiones aéreas. Se trata del glufosinato de amonio que, después de dos años de pruebas, es considerado por la Policía Nacional como el sustituto adecuado pues, según declaró a Blu Radio el coronel Miguel Tunjano, experto agrónomo de la Policía antinarcóticos, mata la hoja sin afectar el entorno. Será el Ministerio de Ambiente el que certifique que el nuevo químico no es tóxico ni dañino para los otros cultivos, pero nos genera muchos interrogantes la inocuidad para el ser humano y otros seres vivos.


Ahora bien, las consecuencias de estas decisiones no se hicieron evidentes solamente por el aumento de las hectáreas cultivadas con coca, sino principalmente al quedar al descubierto la participación de la guerrilla de las Farc en la cadena del narcotráfico, pues fue precisamente en las regiones donde mayor presencia ha ejercido: el Catatumbo, en Norte de Santander; Guaviare y Nariño, donde se presentó el mayor crecimiento de los cultivos y donde los cultivadores, seguramente persuadidos por el grupo armado, optaron por distintos mecanismos de movilización para presionar al Estado a renunciar a la aspersión aérea, como el fallido Acuerdo Social para el Catatumbo que puso fin a las protestas de mediados de 2013, o el Auto 073 de 2014 mediante el cual la Corte Constitucional ordenó al Gobierno suspender las fumigaciones aéreas con glifosato en territorios ocupados por comunidades indígenas en Nariño. El evidente interés de las Farc en mantener los cultivos ilegales es, a nuestro juicio, una abierta violación a la supuesta tregua, ya que es impensable que no haya extorsiones y violencias que aseguren ese crecimiento en la siembra de arbustos de coca o explotación de minas ilegales a lo largo y ancho del territorio nacional.