Editorial

¿Terrorismo no, crimen de guerra sí?
14 de Mayo de 2015


Los magistrados confirman el manirrotismo de esa corporación para otorgar indemnizaciones a los afectados por ataques de grupos ilegales y con la imposición de esas cargas a la Nación convierten a los agresores en inimputables.

En extensa sentencia del pasado 29 de abril, suscrita por Hernán Andrade Rincón y Carlos Alberto Zambrano Barrera, la sección cuarta del Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar al soldado Gustavo Orozco Plazas, secuestrado por las Farc tras el ataque del 30 de agosto de 1996 a la base militar Las Delicias. Ese fallo redefine conceptos centrales sobre la confrontación, su naturaleza y las responsabilidades que genera, que son parte de la discusión alrededor de las conversaciones de La Habana. La complejidad de las decisiones se confirma en la diversidad de enfoques en las noticias sobre la decisión.


El máximo órgano de lo Contencioso Administrativo apeló a consideraciones de tribunales internacionales y reconocidos teóricos sobre el Derecho Internacional Humanitario para reclamar la necesidad de diferenciar “las hostilidades propias de un conflicto armado interno -previa alusión al alcance de este concepto-, de los actos de terrorismo”. Sobre esa base, declaró no apropiada la calificación de terroristas para las Farc, la cual permite que los estados que la dan restrinjan relaciones formales, actividades de comercio y fijen sanciones a cooperantes con los grupos que merecen ese señalamiento. No obstante esta polémica calificación, el órgano no niega la posibilidad de que futuras sentencias califiquen como terroristas algunos crímenes cometidos por ese grupo.


No contentos con redefinir la naturaleza de la confrontación, los consejeros equiparan a los sectores enfrentados, tratándolos como “actores de un conflicto armado no internacional”. Con esta declaración, los consejeros contribuyen a la aspiración de borrar las diferencias que por origen y legitimidad democrática separan a los grupos que declararon el conflicto contra el pueblo colombiano (y que son responsables de los crímenes cometidos por sus miembros), de las Fuerzas Armadas en tanto instituciones democráticas y legítimas que tienen la delegación de proteger la democracia y la ciudadanía, y cuentan con mecanismos institucionales para sancionar a quienes de sus miembros violen la ley. Sobre esta base, los magistrados confirman el manirrotismo de esa corporación para otorgar indemnizaciones a los afectados por ataques de grupos ilegales y con la imposición de esas cargas a la Nación, como si fuera una especie de deudor solidario, convierten a los agresores en inimputables y siguen abriendo el camino a su pretensión de impenitencia e irresponsabilidad por los daños causados en el marco del conflicto.


Para compensar las cosas, los consejeros declaran que “resulta incontrovertible la existencia de un conflicto armado interno en Colombia” lo que es “fundamento jurídico necesario” para que “se imponga a las partes que en él intervienen, el deber de respetar y de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, en todo tiempo y lugar”. Sobre esta base, ordenan el traslado del expediente a la Procuraduría y la Fiscalía para que investiguen “posibles infracciones al DIH” en el ataque a la Base de Las Delicias y  aportan importantes elementos de análisis a quienes, como el fiscal general insisten en promover la no-justicia como mecanismo de justicia en este proceso. Estas consideraciones se dirigen principalmente a los altos funcionarios públicos responsables de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y con sus compromisos internacionales. También tocan a agentes internacionales, como el delegado de la ONU, Fabrizio Hochschild, compañero de viaje del fiscal general en la pretensión de ofrecer mínima justicia hasta para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y autor de frases tan desafortunadas como la manifestada en El Tiempo que llama a que “si lo que se quiere lograr es la no repetición, tenemos que pensar en cosas más allá de cuántas personas podemos meter en la cárcel”. La irrespetuosa caricatura de la demanda de las víctimas por verdad, justicia y reparación, expone como afán de venganza la que es justa exigencia de respeto al derecho de la sociedad colombiana a que los autores de crímenes reconozcan y asuman su responsabilidad por los actos de que son culpables. Sin esa verdad, todo lo que se construya no será sino una torre de mentiras.


Sin que ella fuera su pretensión, la compleja sentencia de los magistrados Andrade Rincón y Zambrano Barrera hará más difícil el camino constituyente que cual caballo de Troya defienden el doctor Montealegre, aspirante a la impunidad para las Farc; los magistrados de las altas cortes, aspirantes a una reforma a la justicia a su medida, y las Farc, aspirantes a refundar la república, según ideologías obsoletas y abandonadas que ahora retoman para encubrir su actividad criminal y terrorista.