Editorial

Tercera vía en drogas
27 de Abril de 2013


La propuesta se atreve a un cambio que para nosotros pudiera sentar las bases para el viraje que el mundo deberá seguir haciendo hacia una opción que salve más vidas en toda la cadena producción-consumo de drogas.


Cuando esta semana Gil Kerlikowske, a cargo desde 2009 de la política de drogas del Gobierno de Barack Obama,  presentó a los medios de comunicación internacionales la ruta a seguir en ese campo, definió el enfoque de tratar a los adictos a las drogas como enfermos y a los traficantes como problema de seguridad, como la “tercera vía” entre la criminalización y la liberalización plena del consumo de alucinógenos. 


El modelo que ahora se propone recoge experiencias desarrolladas en algunos estados y ciudades de Estados Unidos, donde los gobiernos se han enfocado en modelos de atención a la población en riesgo, para prevenir el consumo, y de cuidado y acompañamiento a la recuperación de los adictos, a quienes se les considera objeto de las políticas de salud pública, no de las políticas criminales. Como jefe antidrogas de la ciudad de Seattle, por nueve años, el señor Kerlikowske lideró experimentos sociales y médicos en el tratamiento de la población adicta y en la prevención de las adicciones, con resultados que su comunidad reconoció como significativos en el cambio de las tendencias de consumo.


El modelo se sintetiza en las palabras de su responsable: “No podemos solucionar este problema mediante arrestos ni mediante la legalización de las drogas”.  Desde nuestro punto de vista esta declaración implica el reconocimiento parcial del fracaso de un modelo defendido férreamente por sucesivos gobiernos demócratas y republicanos. La reciente declaración de los expresidentes demócratas Bill Clinton y Jimmy Carter señalando que “si todo lo que se hace es buscar una salida policial y militar al problema, mucha gente muere pero no se soluciona”, contribuyó a la reflexión del gobierno Obama y hoy es fuente de legitimidad ante una sociedad que estaba convencida de que los “consumidores no violentos” debían ser tratados como criminales y recluidos en cárceles.


El mundo está a la espera de una transformación de la política antidrogas de los países consumidores que modifique el tratamiento a los adictos y la relación con los países productores y con aquellos que en América Central y en el occidente de África son usados por los grandes narcotraficantes como caminos para el envío de drogas a los países compradores. Esta transformación ocurrirá, como hemos señalado en distintas ocasiones, cuando se logre configurar “un acuerdo global de productores y consumidores con el auspicio de Naciones Unidas, foro que no ha sido ajeno al tema y donde se mira con simpatía la propuesta de los mencionados expresidentes”.


Por ahora, el señor Kerlikowske deja en claro que el interés de su gobierno está en modificar la acción frente a los ciudadanos consumidores o en riesgo de serlo, quienes constituyen la base del negocio y del problema, si se considera que esta industria criminal está sustentada en la demanda creciente de productos escasos y, por ende, caros, que introducen con estrategias perversas los criminales que controlan a sangre y fuego su negocio perverso. También confirma que ese gobierno todavía no está dispuesto a abrir debates sobre la legalización y que mantiene la perspectiva de combate policial al narcotráfico en países de origen de las drogas.


Aunque la política exterior antinarcóticos sigue dominada por el financiamiento a las acciones represivas en países productores y sedes del narcotráfico, la iniciativa actual abre algunos resquicios de esperanza de cambio también en la acción en estos países. En efecto, la nueva política confirma que de los 320 millones de dólares que se destinarán a Colombia, “país que juega un papel líder en el hemisferio con su amplia experiencia antidrogas”, hay una pequeña porción para el trabajo con campesinos productores, a fin de que transformen su actividad. Aunque incipiente, este enfoque presenta un nuevo criterio en la lucha contra las drogas. 


La iniciativa propuesta, a pesar de desatender las expectativas de los académicos que recomiendan la liberalización del mercado de drogas siempre que esté acompañada por muy serias políticas de salud pública para frenar el consumo, reconoce que el modelo ha sido insuficiente para detener el mal y se atreve a un cambio que para nosotros pudiera sentar las bases para el viraje que el mundo deberá seguir haciendo hacia una opción que salve más vidas en toda la cadena producción-consumo de drogas.