Editorial


Los empresarios y “la paz”
21 de Octubre de 2015


Frente a una creciente confusión favorecida por reduccionistas, los gremios recuerdan que esta es “una negociación entre un Estado legítimo y un grupo armado al margen de la ley que se da por razones humanitarias, para evitar que haya más víctimas.

Sin la polvareda dejada por la anulación de inscripciones de cédulas, la noticia más importante del inicio de semana sería sin duda el enjundioso documento sobre la negociación con las Farc entregado por el Consejo Gremial Nacional al presidente Santos. Este es el más relevante pronunciamiento formal del sector alrededor de las negociaciones que se acercan a su tercer año. En él están representadas gran parte de las actividades económicas lícitas que generan riqueza para el país, tributos para el Estado y empleos formales para los colombianos. Con esta voz pausada y serena, que declara apoyo y formula preguntas al proceso, se abre camino a un análisis sobre las razones, acuerdos y perspectivas de la negociación en La Habana que trascienda la polarización provocada por analistas, y apoyada por el Gobierno, y que insiste en dividir a los colombianos en “amigos” y “enemigos de la paz”. Dicha polarización invisibiliza matices y preguntas que busca reabrir el documento disponible en el vínculo: http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_Mas.aspx?CustomID=948


Frente a una creciente confusión favorecida por reduccionistas, los gremios recuerdan que esta es “una negociación entre un Estado legítimo y un grupo armado al margen de la ley que se da por razones humanitarias, para evitar que haya más víctimas y daños”. No asistimos, pues, a un proceso producto de un armisticio o de una necesidad de un Estado para legitimarse ante sus ciudadanos o ante la comunidad internacional. Hecha la precisión es razonable la consideración de que “la sostenibilidad en el tiempo de estos acuerdos, sólo será posible en la medida en que se desarrollen dentro de un marco institucional sólido, basado en nuestros valores democráticos y republicanos”. 


La puntualización sobre el marco de las negociaciones y su carácter institucional da pie a los gremios para expresar inquietudes, que merecen respuestas del Gobierno y la Mesa de conversaciones, sobre puntos no resueltos en los acuerdos sobre desarrollo rural, en el que reconocen las deudas del Estado con habitantes y empresarios; drogas ilícitas, y apertura política, así como por los vacíos del acuerdo de justicia. Aunque pudiera parecer redundante con el reclamo de que los acuerdos no pongan en riesgo las libertades democráticas, incluyendo la de fundar empresas, el sector productivo demanda que los acuerdos de desarrollo rural, especialmente, se desarrollen ofreciendo “respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma”. Resienten los gremios, como lo hicimos nosotros, la falta de exigencia a las Farc para que abandonen sus negocios ilícitos y den precisión sobre los términos de los acuerdos sobre economía ilegal. 


Las confusiones irresueltas en torno a la justicia empiezan, para los gremios, con la Comisión de la Verdad, en tanto consideran que “las razones que dieron origen a la creación de comisiones de la verdad en países como Argentina, Chile y Sudáfrica, no se encuentran presentes en Colombia”. Y en cuanto a la jurisdicción para la paz señalan que “nos preocupa la falta de claridad sobre la competencia que ese organismo (jurisdicción especial para la paz) tendría en función de los factores temporal, material y subjetivo”. Reclaman que el acuerdo se encargue de “asegurar que las Farc, en su condición de victimarios, asuman su cuota de responsabilidad en esa tarea esencial, tanto en sus dimensiones morales como económicas”. Reconociendo que “cualquier persona que haya cometido crímenes relacionados con el conflicto armado, deberá responder ante la justicia”, exigen que no se violen garantías constitucionales universales, como el fuero de altos dignatarios y militares o la del carácter personal de la responsabilidad penal.


El valiente concepto de los empresarios ratifica que “es fundamental que se cumpla con el compromiso de llevar a refrendación ciudadana los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación”. Demandan que sobre el acuerdo en torno a las armas se determine “realizar un inventario riguroso de las armas, probablemente efectuado por una agencia internacional que garantice neutralidad; y en segundo lugar, su destrucción o entrega a un tercero”. Como corolario que confirma su responsabilidad con las instituciones y compromiso con la democracia, los empresarios precisan que “asumiremos un papel activo en la defensa de nuestros valores democráticos y en la construcción de unas mejores condiciones de vida que permitan una paz estable y duradera”, recordando que esta es obra de la sociedad participante, no de una negociación con un grupo específico.