Editorial

Incoherente y tardía
7 de Junio de 2013


Siendo la guerrilla de las Farc la única fuerza presente en la zona de despeje y, por tanto, la única posible responsable del despojo que sufrió el ganadero Ismael Díaz Gaitán, es a ella a la que el Consejo de Estado debió condenar

Entre el 12 y el 22 de noviembre de 1998, las Farc robaron 3.282 cabezas de ganado en una finca de San Vicente del Caguán al ganadero Ismael Díaz Gaitán. El 5 de mayo de 1999 (¡hace 14 años!), el afectado demandó al Ejército y al Ministerio de Defensa, alegando que lo habían desprotegido. El Tribunal Superior del Huila condenó a la Nación en sentencia de agosto de 2003, que fue apelada ante el Consejo de Estado, corporación que el pasado miércoles 5 de junio anunció la ratificación de la sentencia condenatoria. El demandante no podrá conocer el éxito de su discutible tesis: fue asesinado en su casa de Neiva, el 13 de junio de 2003.


En el centro de la demanda y de la decisión, de la que apenas hasta ahora se conocen declaraciones a los medios, está el aserto de que aunque en la zona de despeje “había autoridades administrativas estas no podían cumplir la función de defender a los pobladores”. El momento de decisión, los argumentos para la sentencia y el desconocimiento a las normas que rigieron el despeje obligan a preguntarse por la intencionalidad y el impacto de la decisión que tuvo ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo.


En diciembre de 1997 se promulgó la Ley 418, “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, que en su Artículo 8 (modificado en 2002) consagraba que “el Gobierno Nacional podrá acordar con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos, su ubicación temporal o la de sus miembros, en precisas y determinadas zonas del territorio nacional o internacional, de considerarse conveniente” y precisaba que “en ningún caso podrán subsistir estas zonas si con ellas se afecta el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles”. Sobre esa base, el presidente Pastrana dictó la Resolución 85 del 14 de octubre de 1998, dando apertura a la zona de distensión del Caguán y abriendo paso a las negociaciones con las Farc.  Además de tener un marco institucional, el Gobierno tenía respaldo político tras la votación por el “mandato ciudadano por la paz” y la elección del doctor Andrés Pastrana para que hiciera un proceso de paz con las Farc, según criterios acordados mutuamente. 


Si bien la instauración de la zona de distensión fue un acto legal y legítimo del Gobierno Nacional, las controversias de la opinión en torno a su operación dejaban claro que las Farc eran responsables de todo hecho irregular dentro de ese territorio. El exvicepresidente Carlos Lemos Simmonds criticaba esa realidad en columna publicada en el diario El Tiempo el 23 de noviembre de 2009: “la llamada ‘zona de distensión’ es ya, para todos los efectos, un Estado soberano e independiente, al cual rige como un autócrata don Manuel”. No obstante que reconocíamos el riesgo del despeje y que entendíamos que las Farc habían excedido su límite, el 25 de noviembre de ese año declaramos que “como lo hemos hecho en otros momentos de este proceso de despeje de más de 42 kilómetros de la Patria, seguiremos rodeando al presidente en su decisión de hacer la paz y en los mecanismos que utilice para lograrlo”.


Siendo la guerrilla de las Farc la única fuerza presente en la zona de despeje y, por tanto, la única posible responsable del despojo que sufrió el ganadero Ismael Díaz Gaitán, es a ella a la que el Consejo de Estado debió condenar por los delitos cometidos contra las propiedades del habitante de San Vicente del Caguán. Pero resulta mucho más publicitario y menos arriesgado castigar al Estado, dando los pasos para, como pretenden los voceros del narcoterrorismo en La Habana, una declaración judicial que lo declare victimario, no garante de los derechos de los colombianos. La frase según la cual “los delitos que se cometieron fue por omisión del Estado” traiciona la verdad de los hechos descritos brevemente en este artículo y la esencia de unas instituciones que han usado su capacidad, que no es la de viejas democracias que no sufren amenazas terroristas, para tratar de dar protección a los ciudadanos, lo cual, en su momento, contemplaba intentar un acuerdo de paz en una zona de despeje.