Editorial

El debate por la marihuana
26 de Octubre de 2014


Sacan la discusión de su condición moral y la llevan al terreno pendiente y necesario, que es el de las acciones complementarias a la liberalización del consumo recreativo de las sustancias prohibidas, así como de las permitidas.

Las discusiones abiertas gracias al trámite del proyecto de ley sobre liberalización del uso de marihuana con fines terapéuticos, presentado por el senador Juan Manuel Galán, han sacado a flote las propuestas y preocupaciones de los líderes políticos frente a un problema que las sociedades occidentales vienen analizando para evaluar los resultados de la estrategia de prohibición. La discusión propicia la construcción de argumentos sobre las motivaciones y preocupaciones de distintos sectores ante las opciones sobre la mesa.


Muchos temen que la apertura propicie el consumo masivo de drogas entre los más jóvenes y débiles. El pasado 12 de septiembre se realizó en la Procuraduría el Foro internacional sobre política de drogas, en el que el doctor Alejandro Ordóñez confirmó su adhesión a las políticas prohibicionistas señalando que la droga “está prohibida por el daño que causa a los jóvenes, a la familia y a la sociedad”. Para el procurador, los efectos nocivos por el consumo de droga se explican en “la despenalización que dispara el consumo y multiplica el daño social mientras que reduce la eficacia de los esfuerzos contra la producción, el tráfico y la distribución de las drogas”; su análisis deja de lado las ineficiencias en la educación de los ciudadanos y en el control al comercio tras la decisión de la Corte Constitucional de eliminar la penalización al uso de sustancias sicoactivas. 


La iniciativa del senador Galán adopta la visión de 23 estados de la Unión Americana que desde el año 1996 han ido abriendo camino a la prescripción de la marihuana como paliativo para enfermedades dolorosas o de difícil tratamiento. Tal enfoque, que tiene respaldo del presidente Santos, exige la actuación del médico que prescriba medicamentos o terapias basadas en marihuana, no fumada sino suministrada como fármaco o componente de fármacos comerciales. El senador Galán insiste en separar su iniciativa de la propuesta de liberalización o de apertura al uso recreativo señalando que “son dos cosas distintas y no hay nada que demuestre científica ni empíricamente que el consumo medicinal de la marihuana abre la puerta al consumo recreativo”. 


Ante los temores, justificados, a un bloqueo a su iniciativa el senador descuida informar que el proceso de despenalización para el uso recreativo es más posible, aunque no obligado, en sociedades que han logrado comprobar que el uso medicinal de marihuana no causa problemas sociales, económicos, políticos o de orden público, y que eso se demuestra en los pasos que vienen dando los estados de Oregon, Alaska, Hawaii, Maine y California, así como la ciudad de Washington D.C., para permitir el uso de marihuana recreativa, decisiones que siguen el ejemplo de los estados de Colorado y Washington, estados que, con ajustes, insisten en la despenalización. Tampoco ha profundizado el Congreso en el análisis a las discusiones que han permeado la campaña política de Uruguay sobre los resultados de la política de liberalización del consumo recreativo 


Un elemento central en esta discusión, traído a colación por el doctor Alejandro Gaviria en su discurso de respaldo al proyecto del senador Galán, es el de los efectos de las distintas drogas en la salud pública de distintos países. Después de que el ministro de Salud indicara que “cada año el tabaco mata a 440.000 personas antes de tiempo en ese país; el alcohol, a 100.000, y todas las drogas ilícitas combinadas, a 25.000. En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol” se abrió camino una fuerte discusión sobre las supuestas intenciones ocultas del funcionario para promover una apertura mayor a la que ya tiene bendición del presidente Santos.


Los datos del doctor Gaviria Uribe, tomados de la revista científica The Lancet, de las más prestigiosas del mundo, sacan la discusión de su condición moral y la llevan al terreno pendiente y necesario, que es el de las acciones complementarias a la liberalización del consumo recreativo de las sustancias prohibidas, así como de las permitidas. Entonces, será posible proponer las estrategias de educación a las familias y los adultos sobre los riesgos del consumo de sustancias peligrosas, así como las de acompañamiento suficiente a niños, niñas y adolescentes, para reducir su exposición al alcohol, las drogas y el tabaco. Y, ¡cómo ocultarlo!, tal análisis tendrá que abordar el problema de la producción, y promoción del consumo, de alcohol por el Estado.