Editorial


El Consejo de Estado y las sustancias peligrosas
20 de Enero de 2016


El Gobierno Nacional tiene la posibilidad de consolidar las pol韙icas para disuadir a j髒enes potenciales fumadores. Tambi閚 queda sumido en compleja paradoja fruto de su papel activo en la promoci髇 del consumo de las bebidas alcoh髄icas.

En importante sentencia proyectada por la magistrada María Elizabeth García, el Consejo de Estado ratificó que el Ministerio de Salud es responsable de vigilar el diseño y contenidos de las cajetillas de cigarrillos, de modo que puedan garantizar que no se les utilice para incentivar el consumo de tabaco. La decisión dirimió una controversia planteada por dos empresas tabacaleras que se consideraron afectadas por decisiones administrativas que ordenaron retirar elementos que, en criterio de los funcionarios, promovían el uso de esos cigarrillos de tabaco. En su componente sustantivo, y trascendente para las políticas de ese Ministerio, el fallador reconoció que, en materia de sustancias peligrosas, deben primar la responsabilidad del Estado de proteger “el interés público, la vida, la integridad física” de los ciudadanos, además de “los principios relativos a la salud”, así como los principios de responsabilidad empresarial.


Mediante la Ley 1335 de 2009, Colombia se vinculó a los esfuerzos que la mayor parte de los países del mundo realizan contra el tabaquismo como problema de salud pública por su impacto en la muerte temprana de 6,3 millones de consumidores directos o pasivos, y por los costos que así impone a los sistemas de salud pública. En desarrollo de esa política, el país privilegió la promoción de ambientes libres de humo de tabaco, el control a la publicidad en medios masivos de comunicación, así como a la promoción del tabaco en eventos masivos. También incluyó la publicidad educativa sobre los efectos del tabaco, disposición que hasta ahora se ha limitado a la inclusión de mensajes disuasivos en las cajas de cigarrillo. Otras naciones más radicales en esta batalla, como Estados Unidos, han promovido la prohibición al consumo de tabaco en los lugares cerrados, fuertes restricciones a la venta de cigarrillos y tabaco, además de la imposición de pesadas cargas tributarias que disuaden la compra. Ese país tiene medidas similares que pretenden restringir la venta y consumo de alcohol. 


Con esta victoria en una batalla por la salud pública y la vida, el Gobierno Nacional tiene la posibilidad de consolidar las políticas para disuadir a jóvenes potenciales fumadores. También queda sumido en compleja paradoja fruto de su papel activo en la promoción del consumo de las bebidas alcohólicas que fabrican los departamentos, así como de su interés en tomar liderato en la necesaria discusión que deberá llevar al mundo a liberalizar la producción, distribución y consumo de sustancias alucinógenas.


La Organización Mundial de la Salud señala que el 5,9% de las muertes anuales en el mundo (3,3 millones de personas) tienen como causa el consumo de alcohol. Además, señala la existencia de 200 dolencias físicas y emocionales atribuibles exclusivamente al consumo abusivo de bebidas con alcohol. Si la perspectiva del daño personal hace a las bebidas alcohólicas tan peligrosas como el tabaco, la incidencia del alcohol en accidentes de tránsito letales, violencia intrafamiliar y riñas callejeras con graves consecuencias en morbilidad y mortalidad, agravan los impactos de consumo de estas sustancias. Aunque el Ministerio de Salud y los gobiernos departamentales llevan registros de las muertes e incidentes asociados al alcohol, así como de la morbilidad por su abuso, se abstienen de adoptar medidas restrictivas de la publicidad, la distribución, la venta y el consumo de alcohol, pues la dependencia que las rentas departamentales tienen de la rentabilidad de las licoreras dificulta tomar estas medidas.


Los fracasos de la guerra mundial contra las drogas motivan a los países y estados que reconocen la necesidad de un cambio a tomar decisiones que van de los saltos optados por Uruguay, así como los estados de Colorado y Washington, que liberalizaron la marihuana, hasta la permisión de su uso medicinal, como lo ha hecho Colombia en virtud de un decreto ministerial en tal dirección. Los pasos hacia la supresión de restricciones en el mercado de sustancias sicoactivas retan a los gobiernos a definir estrategias pedagógicas y de salud pública tendientes a conseguir que la liberalización no sea, como sucedió en el pasado, puerta al consumo desinformado y abusivo, o sea lesivo para la vida, la salud personal y la salud pública de los colombianos. El Consejo de Estado ya mostró el camino.