Editorial

El combustible de la violencia
15 de Marzo de 2014


El capítulo de los carteles de la droga quedó cerrado con el aniquilamiento de la organización liderada por los Rodríguez Orejuela, no así el del narcotráfico y la violencia que irradia contra el pueblo colombiano a través de las Farc y las bacrim.

Culminó ayer en Viena la Cumbre de Naciones Unidas contra la droga y el delito, y aunque los altos dignatarios reunidos ratificaron los objetivos acordados en 2009 y con metas finales para 2019, en lo que representó una clara victoria de China, Rusia, Irán y Pakistán, en el escenario quedó planteada la discusión sobre la inutilidad del modelo implementado desde los años ochenta y la necesidad de cambios en la forma de enfrentar los cultivos ilícitos, la producción de drogas, el narcotráfico y la criminalidad que generan; iniciativa de la Unión Europea y varios países latinoamericanos, incluidos México, Colombia y Ecuador. 


La voz del gobierno de Colombia estuvo representada por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien llamó a modificar los objetivos de la Declaración Política bajo el concepto de que “seguimos concentrados en la utópica eliminación absoluta de los cultivos de las drogas de origen natural, y, entretanto, nuevas drogas de origen sintético se producen a diario”. Esta intervención es coherente con el papel líder que el país ha asumido en el debate sobre la liberalización de la marihuana en todas sus etapas, una discusión que cabalga sobre las decisiones de plena liberalización adoptadas por  Uruguay y los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos. 


En las declaraciones -recortadas y traducidas- que hemos conocido de la intervención del doctor Gómez Méndez ante los ministros y jefes de Estado presentes en la cumbre de dignatarios, aparece, sin más explicaciones ni profundizaciones, la sorprendente proclama de que “las nuevas drogas de síntesis y los medicamentos de control especial ocasionan en el mundo más muertes que aquellas generadas por el consumo de cocaína” (subraya fuera de texto), poniendo en discusión internacional un tema que el país no ha tratado en público y que los silenciosos voceros del Gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana no han informado si ha sido considerado dentro de los acuerdos posibles en la ya larga discusión con las Farc sobre narcotráfico y cultivos ilícitos.


Las razones de Colombia para promover el debate son tan múltiples como sus conflictivas y dolorosas batallas para enfrentar las dificultades de salud pública, hijas de la creciente población de adictos. Como sociedad en la que faltan mecanismos institucionales para educar en el cuidado propio, para acompañar a los adictos y para resolver la huella de la inseguridad propiciada por el microtráfico, Colombia hace parte, con los países europeos y Estados Unidos, de los debates sobre las estrategias contra la adicción y sus consecuencias. Su debate mayor, y más antiguo, sin embargo, es el del impacto del narcotráfico en la violencia, un campo en el que también el doctor Gómez Méndez presenta un balance parcial de la situación.


Recogemos conclusiones de la investigación de la Fundación Ideas para la Paz, entregadas el pasado mes de febrero y que se refieren a Tumaco –es decir, al Pacífico- para indicar que con el Plan Renacer de las Farc, en vigencia desde 2009, “enfocaron su accionar en lugares de la periferia del país y estratégicos para una guerrilla que se apoya cada vez más en el narcotráfico y en alianzas con bandas criminales”; y al aludir al Bajo Cauca, afirma que “los frentes 18 y 36 de las Farc sostienen alianzas con Los Urabeños para ejercer control sobre el narcotráfico, la explotación aurífera y las extorsiones a comerciantes, profesores y transportadores bajo amenazas de secuestro o muerte” (subraya fuera de texto).  


En consecuencia, con el Gobierno Nacional reconocemos que “los costos de Colombia en la lucha contra este flagelo han sido muy altos, no solo en términos de los multimillonarios recursos invertidos sino, sobre todo, en el sacrificio de vidas humanas”. Los servidores públicos y ciudadanos que ofrendaron su vida en las batallas contra los carteles de la droga encuentran justo reconocimiento en esta declaración y reclamo al mundo, pues su ausencia es la mayor demostración del sacrificio del país a la lucha contra las drogas. Sin embargo, y el ministro que tiene larga experiencia como procurador y fiscal lo sabe bien, el capítulo de los carteles de la droga quedó cerrado con el desmantelamiento del grupo narcotraficante de los Rodríguez Orejuela, pero no así el del narcotráfico y su uso para financiar la violencia contra el pueblo colombiano que ejercen las Farc, el Eln y las llamadas bacrim o neoparamilitares no mencionados en la intervención oficial de Colombia ante la ONU.