Columnistas

Atisbos de la “nueva democracia”
Autor: José Alvear Sanin
13 de Julio de 2016


Ninguna celebración más cínica que la de los 25 años de la Constitución de 1991 por parte del presidente Santos (que tuvo lugar en la casa donde se redactó la peor, hasta ahora, de las Constituciones de Colombia, la de 1863)

Ninguna celebración más cínica que la de los 25 años de la Constitución de 1991 por parte del presidente Santos (que tuvo lugar en la casa donde se redactó la peor, hasta ahora, de las Constituciones de Colombia, la de 1863), porque ya estaba dictado el Acto Legislativo para la paz, que sustituye, en realidad, la Carta Política. 


El Artículo 4 de ese Acto eleva lo convenido entre las Farc y el gobierno a “Acuerdo especial en los términos del Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949” (sin especificar a cuáles se refiere, porque en ese año se firmaron toda clase de Convenios en esa ciudad), como si las Farc fuesen un estado reconocido por la comunidad internacional y como si esos Acuerdos pudiesen modificar, en todo o en parte, la Constitución de los países. 


Con la anterior trapisonda jurídica, auténtico golpe de Estado camuflado, se incorporan al tal “bloque de constitucionalidad” todos los compromisos del gobierno con el grupo narcoterrorista de las Farc como normas supraconstitucionales e inmodificables. Los insólitos e inesperados constituyentes (Iván Márquez, Sergio Jaramillo, De la Calle, Álvaro Leyva, el chapetón Santiago y tutti cuanti) han ideado una novísima Carta que ya no se expresa en forma de artículos sino de páginas (mal redactadas y con pésima puntuación, como una cierta literata de la revista Arcadia acaba de señalar, ofreciendo su colaboración gratuita a Sergio para redactar bien esos incordios).


Ya van más de 200 páginas de confusos pactos de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno cuando se surta la espuria refrendación pseudoplebiscitaria, pero pueden ser muchas más hojas, porque faltan docenas de salvedades y nuevas exigencias (“pelo para la moña”), que pueden dilatar la firma fatídica, que no se estampará el simbólico 20 de julio, a juzgar por lo que acabo de oírle en la tv a alias Alape.


Ahora bien, como de hecho Colombia quedará sin Constitución, habrá que dictar, en 180 días, tantos decretos legislativos como páginas tenga el Acuerdo final, aterradora catarata normativa que sumirá al país en el caos. 


Un agudo observador de los acontecimientos columbraba que la primera “reforma” tendría que ser la del régimen electoral. Tenía razón, porque ya se anunció la inminente reunión de una comisión para preparar la nueva legislación electoral, compuesta por sendos representantes de los partidos propicios a la paz santista (liberales, conservadores, Cambio Radical, la U), más el Partido Comunista, las Farc, los Verdes y dos grupúsculos sin votos, afines al Eln: la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos (¡Vaya usted a saber a cuáles representa!). 


El propósito dizque es de apertura democrática, garantías para la oposición y eliminación del fraude, ideales incompatibles, desde luego, con la ideología totalitaria de los movimientos de extrema izquierda representados en esa peregrina comisión, que siempre han considerado la democracia representativa como un mecanismo de la burguesía para engañar a las gentes. Democracia, para esos grupos, es la del partido único y la de votación obligatoria por sus listas. 


Sin desconocer las imperfecciones del sistema electoral colombiano —porque nada hay más difícil que establecer un régimen comicial ideal—, vale la pena destacar que en las llamadas grandes democracias se presentan distorsiones aun más preocupantes que las nuestras. Bien difícil, entonces, acertar con reformas propuestas por los enemigos de la democracia liberal, salidas de una comisión al servicio de la paz habanera. 


Lo que de tal comisión puede esperarse, más bien, son disposiciones para entorpecer los movimientos democráticos y para consagrar mecanismos aberrantes como las circunscripciones automáticas y las especiales de paz, donde ¡no se admitirán candidatos que pertenezcan a los partidos que ya tengan representación en el Congreso!, de modo que habrá en el Legislativo un grupo dominante que asegure siempre las mayorías o que en todas las votaciones  derrote iniciativas opuestas al proyecto “bolivariano”. 


Paralelamente avanza la ofensiva para establecer el voto electrónico. Por la capacidad que tienen los gobiernos para alterar los resultados, disponiendo de los algoritmos y el software, si se adopta ese sistema, la generalidad de las democracias no lo aceptan, empezando por Alemania, cuya Corte Constitucional lo prohibió desde marzo de 2009, por evidentes razones de prudencia.


Es bien sabido que el fraude electrónico opera cuando las elecciones son reñidas, pero se vuelve imposible cuando la tendencia contra el gobierno es avasalladora, como ocurrió en las últimas elecciones venezolanas, después de varias en que la señora Tibisai pudo hacer lo que le ordenaron. 


Ahora bien, en Colombia, a pesar de tener bien presente la triste historia venezolana, están activos varios proponentes: uno cubano, ¡hágame el favor!; uno argentino, uno ruso, y los de Smartmatic, filial de la israelí Global CST, empresa contratista de mercenarios y de sistemas privados de espionaje, ninguno de los cuales ofrece garantías contra la posibilidad del fraude digital silencioso, automático, indetectable, que pueden realizar gobiernos dictatoriales y populistas, de cara a las definitivas elecciones de 2018. 


***


Seguiremos más tarde, Deo volente, con otros atisbos de esta “nueva democracia”, porque al lado del blindaje jurídico para el acuerdo Santos-Timo, se avizora también el blindaje con plomo. 


***


Tres constituyentes de 1991, Mariano Ospina Hernández, Juan Gómez Martínez y Carlos Holmes Trujillo, para no cohonestar la descarada violación de la Carta, se abstuvieron de asistir al grotesco acto de Rionegro. 


***


Absoluta irresponsabilidad – Entregar a las Farc Ituango, donde se construye la mayor hidroeléctrica del país.