“Nuestra tarea apenas se inicia, sentamos las bases, construimos cimientos sólidos, despertamos corazones y conciencias, lo avanzado hasta hoy nos permite decir que paulatinamente contribuiremos a que esa verdad hasta ahora esquiva, esa verdad que también ha sido víctima, emergerá para dignificar a las víctimas, para aliviar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentemos a un dolor inadmisible e irrepetible, dando paso a una memoria colectiva que dignifique y abra definitivamente las puertas a una paz estable y duradera”.

Con esas palabras, la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares Prieto, cerró la presentación del balance de sus tres salas y cuatro secciones en su segundo año de funcionamiento, el mismo que generó conceptos encontrados de las víctimas del conflicto reunidas en distintas organizaciones y colectivos.

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En el informe se dijo que en 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz profirió 16.500 decisiones judiciales y realizó  82 audiencias. También, en el marco de los siete macrocasos que ha abierto la Sala de Reconocimiento, se recibieron 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. En el Caso 01, sobre secuestro, se rindieron seis versiones colectivas, en las que participaron 350 comparecientes, exintegrantes de las Farc.

Destacó la magistrada Linares que al concluir el año 2019 un total de 12.235 personas se habían sometido a la JEP (9.720 exFarc, 2.431 de la Fuerza Pública, 72 agentes del Estado diferentes a Fuerza Pública y 12 por protesta social).

De la misma manera, subrayó la sanción de la Ley estatutaria de la JEP (Ley 1957), en junio de 2019, luego de un debate democrático difícil y complejo en el Congreso de la República alrededor de las objeciones presidenciales.

Entre las dificultades afrontadas por esta Jurisdicción, la magistrada Linares lamentó el rearme anunciado por una docena de antiguos miembros de las Farc, situación que calificó como “una traición de esas personas a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”, por lo que fueron expulsados del proceso, entre ellos alias jesús santrich, iván márquez, romaña y el paisa. Hasta la fecha, la JEP ha expulsado a siete cabecillas y miembros de las Farc.

En desacuerdo

“Le hemos hecho saber a la JEP de todas las maneras democráticas que no estamos para nada de acuerdo con los resultados presentados, que para nosotros son terribles y pésimos”.

Así lo aseguró Sebastián Velásquez, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), al señalar que “en la JEP no nos han tenido en cuenta, no somos escuchados, ellos se han centrado en otros casos y por eso para nosotros hay un alto grado de impunidad”.

Aseguró  que “con esta Justicia Especial para la Paz, creada a través de los Acuerdos de La Habana y firmados luego en Cartagena, no ha pasado nada, no entrega resultados positivos y está peor que la justicia ordinaria”, por lo que argumentó que “los pilares sobre los que se apoyó su creación no funcionan: Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. La verdad no la hemos encontrado, para la reparación ellos no han entregado los bienes, sólo un 3% de lo que se comprometieron, y en el tema de no repetición para nosotros lo único claro es que hoy hay más de 3.000 hombres disidentes de las Farc armados, que ellos llaman Gao, o de otra manera, como el gobierno Santos lo dejó escrito, pero ellos son hombres de las Farc armados al servicio del narcotráfico”.

Se quejó el vocero de Fevcol de que “la magistrada -Linares Prieto- cree que la Justicia Transicional es la panacea, pero lo cierto es que no da garantías, es un desastre que le vale al país más de 300.000 millones de pesos”.

Y en ese sentido, indicó que ante el desequilibrio en la aplicación de justicia, “les hemos dicho que juguemos todos en las mismas condiciones que lo están haciendo los señores de las Farc, que llegan a la JEP a entregar unas declaraciones e inmediatamente les montan el sistema autónomo de justicia, que no es más que el instrumento de apoyo que supuestamente construyeron para que se acompañen las declaraciones. Pero ese sistema es contratado con abogados pro-Farc, o con abogados que piensan como ellos. Y a nosotros, que hemos presentado más de 130 casos para que se lleven a cabo esas investigaciones, ni siquiera nos han asignado un abogado. Hay una evidente desproporción, y de allí la pregunta es de qué lado está inclinada la balanza en la JEP, cuando las verdaderas víctimas en el conflicto las causaron ellos”.

Dijo que “todo eso lo denunciamos también ante el presidente Iván Duque, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque ellos quieren tapar el sol con las manos y la verdad es que de los 13.470 hombres desmovilizados hoy hay más de 3.000 armados, ese es el problema de Tumaco, ese es el problema del Cauca, el problema que tenemos en el sur de Córdoba, ellos siguen delinquiendo”.

Precisó Sebastián Velásquez que “el sistema como tal puede que tenga una estructura muy robusta, empezando por la planta física donde funciona en Bogotá, que le vale un montón de plata al país, pero hechos reales en estos dos años yo no le puedo aplaudir uno solo a la JEP”.

Esperanza de verdad

Para las Madres de La Candelaria, en cabeza de doña Teresita Gaviria, una de las fundadoras de esta asociación que reúne a familias víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado en Colombia, “la JEP es nuestra única esperanza para conocer la verdad, de saber quién y por qué se llevaron a nuestros hijos y familiares, y desde ese lugar apoyamos su labor”.

Defiende la señora Teresita que “pese a todas las dificultades y tropiezos que la JEP ha encontrado en el camino, sentimos que están haciendo un gran esfuerzo y el país tiene que entender que es la única oportunidad que hoy tenemos para saber la verdad”.

“Hoy no tenemos respuestas”, dijo, “pero nos sentimos incluidas y escuchadas, y por eso vamos a esperar hasta que nos cuenten lo que pasó”.

Anticipó que Madres de la Candelaria, que el próximo 19 de marzo cumplirá 21 años de esfuerzo diario en busca de la verdad, está preparando un informe junto a la Universidad de Antioquia en el que se incluyen 1.176 casos de desaparición forzada en Antioquia, a partir de 1999, que será entregado a la JEP en Medellín, en un acto que se piensa realizar en la Casa de la Memoria.