Los datos oficiales hablan de 552 mil migrantes que han ingresado al país provenientes de Venezuela.  Eso dicen los reportes de Migración Colombia, con corte a mediados de febrero, pero los expertos creen que son muchos más. Hay quienes dicen que ilegalmente han ingresado hasta un millón de venezolanos. Incluso en los cálculos más conservadores consideran que 350 mil personas permanecen en estatus ilegal. El gobierno anunció que la semana entrante comenzará un nuevo registro de los venezolanos en Colombia, como parte un paquete de medidas de control. 

Más allá de las estadísticas, las relaciones cotidianas evidencian nuevos acentos, nuevas caras, nuevos vecinos. Personas que cargan su historia y soportan su tragedia, algunas que prefieren buscar mejores oportunidades y muchas que tuvieron que salir con poco de su país para salvar algo, o para conservar la vida, la libertad, la esperanza. Pero no son solamente venezolanos en busca de mejores horizontes, también hay muchos colombianos que se vieron obligados a regresar después de años de vivir en Venezuela. De la mayoría de ellos no hay mayores datos porque siguen siendo colombianos. Y también muchas personas de doble nacionalidad, nacidos aquí o allá, que no tienen que ser tratados con el estatus migratorio de extranjeros. El PNUD cree que el 66% de quienes han pasado la frontera en los últimos meses son colombo – venezolanos. 

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Colombia es, de lejos, el país más afectado con la migración que se deriva de la crisis venezolana. Es lógico por la dimensión de la frontera y por los lazos culturales históricos. Así ocurrió durante muchas décadas, pero al revés. Aunque Venezuela recibió por miles refugiados de las dictaduras de casi toda América Latina, los colombianos que huyeron del conflicto o simplemente buscaron mejores condiciones de vida, en Venezuela, se contaban por cientos de miles. Muchos permanecen allá, a pesar de las dificultades y del creciente número de compatriotas que decidieron emprender el retorno. 

En Medellín, el registro de Migración Colombia a mayo de 2017 reportaba 26 mil venezolanos y se calcula que al cierre de este año serán el doble. Sin contar los colombianos o los de doble nacionalidad que se instalaron o reinstalaron en esta ciudad, que tiene fama de ser una de las de mejor calidad de vida. La ciudad y la región han hecho esfuerzos por evitar discriminaciones y cierta tendencia a la xenofobia que a veces nos ronda. Pero es claro que un número tan alto de habitantes nuevos tiene impacto en los sistemas de salud, educación, movilidad y en la economía. 

Uno de los sectores notoriamente afectado es el laboral. Hay analistas que explican el  incremento en el índice de desempleo entre 2016 y 2017, que revirtió la tendencia a la baja que se había alcanzado por varios años, en parte por esta población económicamente activa que busca acomodo en el mercado laboral, además por supuesto de la caída en la construcción y la desaceleración económica. De hecho, mover un punto porcentual la tasa de empleo en Medellín, para arriba o para abajo, requiere la vinculación o desvinculación de 25 mil personas. 

La Cancillería reportó que en el último año ha sancionado 600 empresas en el país porque encontraron en ellas trabajadores en condiciones no legales, algunos en franca calidad de explotación. Por eso recordó que los ciudadanos venezolanos que tengan el Permiso Especial de Permanencia, cuya vigencia se puede refrendar hasta por dos años, están autorizadas para ejercer cualquier actividad u ocupación legal no regulada en Colombia, incluidas las que se desarrollan mediante contrato o vinculación laboral. En todo caso, no se pueden explotar ni someter a condiciones indignas, ya sea que su permanencia en el país esté legalizada o no. 

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Como en tantos otros asuntos, el Gobierno Nacional delega la atención de esta población en los municipios, pero no descentraliza los recursos. Las entidades territoriales esperan que se materialice la anunciada ayuda internacional para atender una crisis humanitaria como ésta, que parece lejos de resolverse. Mientras tanto, las alcaldías tendrán que ver cómo sortean la situación, que en algunos casos involucra incluso la ocupación del espacio público.

Una crisis humanitaria que debe ser atendida como corresponde, con generosidad, pero con controles, velando por la dignidad de los nuevos vecinos y ejerciendo la autoridad para controlar a quienes infrinjan la ley, sin estigmatizar, pero sin importar el origen de los delincuentes. A los refugiados tratarlos como tales, pero a los hampones también. 

@Henryhoracio