Los territorios de 271 comunidades afrodescendientes colombianas no están reconocidos como zonas de titularidad de sus consejos comunitarios, según un estudio presentado este martes en Bogotá por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (Otec). El informe recoge que el 70% de los territorios que se han podido estudiar, 148 de los 271, podrían estar catalogados por el Estado colombiano como terrenos baldíos. La directora del Otec, Johana Herrera, manifestó que "los baldíos son tierras de la nación de las que el Estado puede disponer".

"Se entiende que son tierras deshabitadas, como si no hubiese nadie. Lo que hemos identificado es que muchas de esas áreas catalogadas como baldíos de la nación son tierras tradicionales", afirmó. De las 271 solicitudes de comunidades para obtener la titularidad de los territorios, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sólo aceptó a trámite y visitó los terrenos en el 7% de los casos, destaca el informe.

El Otec también denunció que hay casos que aún no han obtenido respuesta después de 10 años de iniciar el proceso de reclamación de tierras. "Hay pérdida de información y extravío de expedientes (...). En la mayoría de los casos, las comunidades solicitan áreas donde hay serias disputas por la tenencia de la tierra y sobre los recursos naturales", explicó Herrera.

El estudio, realizado también por La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), El Proceso de Comunidades Negras (PCN), y el Consejo Nacional de Paz Afrodescendiente (Conpa), cuenta con un mapa en Internet de acceso abierto que sistematiza toda la información.

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Las entidades impulsoras esperan que este banco de datos sirva a las autoridades y otros actores a "avanzar en la materialización de derechos", según declaró Astolfo Aramburo, integrante del PCN y Conpa.

El representante legal del Consejo Comunitario Cerro Teta en el departamento del Cauca, José Nifer Díaz, se refirió a la importancia de que estos territorios sean reconocidos, al indicar que son muy apetecidos por las multinacionales por su riqueza.

Según la información del estudio, en los territorios disputados abundan principalmente las explotaciones forestales, proyectos de hidrocarburos, de cacao, caucho y de minería, entre otros. Estas explotaciones en terrenos donde habitan comunidades étnicas causa "degradación y pérdida de tierras tradicionales, menoscabo de las formas de vida colectiva y transformación de los ecosistemas", según el Otec.

La mayoría de las comunidades se ubican en los valles interandinos (132), además de 103 en la zona del Caribe, 34 en la Orinoquía y Amazonía y dos en Magdalena Medio. La directora de programas del RRI en América Latina, Omaira Bolaños, destacó que esas cifras muestran que "hay comunidades afrodescendientes en todo el país que están solicitando también su reconocimiento (...) en áreas donde tradicionalmente el imaginario colectivo colombiano" no las ubicaba.

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El estudio sólo pudo localizar y analizar 148 comunidades de las 271, que representan aproximadamente un millón de hectáreas, algo que para la directora del Otec muestra "la extrema vulnerabilidad" de los territorios, puesto que no se tiene "certeza de la localización" de las 123 restantes.