La reunión fue convocada de urgencia por el Gobierno Nacional, tras el asesinato de decenas de defensores de derechos humanos en distintas regiones del país en los últimos días.
El presidente Juan Manuel Santos lideró la reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad, en la que se evaluaron los esquemas de protección de los líderes sociales del país.
En este encuentro, las autoridades entregaron una radiografía de las amenazas y muertes que se han presentado en el territorio nacional.
1. Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 10, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame.
2. Crear un Plan Urgente de Intervención (fase inicial por 30 días) en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
3. Priorizar el componente de seguridad a líderes sociales y de DD. HH. dentro del Plan Horus, complementado con acciones de control microfocalizados en veredas priorizadas.
4. Poner en marcha las Unidades Básicas de Protección - UBP, dependientes de las Seccionales de Protección de la Policía para desarrollar esquemas colectivos.
5. Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. “Esta unidad ha hecho una gran gestión en la protección de líderes pero somos conscientes de que debemos hacer más”, declaró Santos. Entre las acciones pendientes se destacan: más recursos para los estudios de riesgo colectivo, más presupuesto para ampliar esquemas individuales e implementación de la Ruta Colectiva de Riesgo.
6. Desde el Ministerio de Defensa se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por le Defensoría al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz.
7. Crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de DD. HH.
8. Crear un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales y de Derechos Humanos, recompensas que serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.
“Reitero mi compromiso, el del gobierno nacional, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, colectivos, grupos y las comunidades en riesgo. Las comunidades, los líderes sociales no están solos. Los vamos a proteger. Los asesinos no pasarán. La paz saldrá avante”, expresó el presidente de los colombianos.
Según los datos suministrados por la Fiscalía durante la reunión, se han presentado 67 homicidios de excombatientes de las Farc en los últimos dos años. 35 de esos casos se han dado en este 2018 y fueron 32 en 2017. De esos episodios se han esclarecido 29 asesinatos. Ninguno que actualmente tenga medidas de protección, ha sido víctima, según el informe presentado.