Reclutamiento forzado, el crimen que el Estado ignora

Autor: Dirección
11 febrero de 2018 - 12:00 AM

Para los amenazados y víctimas de reclutamiento forzado en la infancia o adolescencia, el colombiano ha sido un Estado ausente

En las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral, decenas de dignas integrantes de la Corporación Rosa Blanca, que reúne a víctimas de violencia sexual a consecuencia de su reclutamiento forzado por las Farc, lucharon por evitar la concesión de seis curules a la Farc, concesión que agrava la cadena de vejaciones que ellas, y más de 10.440 niños y adolescentes han sufrido por el reclutamiento forzado (y los crímenes ligados a éste) perpetrado por ese grupo, quien pretende minimizar cuantitativa y cualitativamente tamaña violación al Derecho Internacional Humanitario. Con la confirmación de las curules a los victimarios, el sometido Estado colombiano resta su presencia y voz en la conmemoración mundial del Día de las manos rojas, que es el de solidaridad con niños, niñas y adolescentes sometidos, o en riesgo de serlo, a reclutamiento forzado en conflictos armados.

Lea también: Los crímenes contra niñez y adolescencia no se justifican ni toleran
El más reciente informe del secretario general de la ONU sobre crímenes contra la infancia en conflictos armados, que cumple un mandato del Consejo de Seguridad, mantiene a Colombia como el tercer país, de 43 afectados por este crimen, con mayor cantidad de menores de edad afectados por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Desde 1997, la ONU determinó los seis más graves delitos contra la infancia en conflictos armados, dando al reclutamiento el segundo lugar en gravedad. Señala el órgano que desde el año 2000, el reclutamiento ha afectado a 115.000 menores de 18 años en todo el mundo. Según ese informe, sólo Afganistán y la República Centroafricana tienen mayor cantidad de víctimas que Colombia. Con tal indicador coincide la investigación Una guerra sin edad, del Centro nacional de memoria histórica. El informe reconoce que entre los años 1958 y 2015 se documentaron 6.789 hechos de reclutamiento forzado de menores de edad y admite, además, un subregistro producto de la falta de denuncia y el desinterés del estado por conocerlo y aclararlo, hasta 1997. Pensamos que el informe se queda corto al considerar que el ocultamiento y subregistro es un mal del pasado, pues, si bien las cifras oficiales muestran un descenso de 279 casos en 2013 a 31 en 2017, ahora empiezan a salir a la luz pública más y más casos de reclutamiento forzoso durante estos años, ya sea por los grupos armados ilegales o por las bacrim.

Vea además: Informe implica a timochenko en reclutamiento infantil de las Farc
En su empeño por atenuar la gravedad del reclutamiento forzado de menores de edad, el Gobierno Nacional, los investigadores del Cnmh y las Farc han defendido la tesis (como también lo ha hecho el columnista Alfredo Molano) según la cual muchos menores reclutados se habrían sumado voluntariamente a la guerrilla, bien porque lo hicieron junto a sus familias en los años 60 o bien porque allí habrían encontrado refugio a las carencias económicas o afectivas de sus hogares. Tales excusas a los victimarios han sido descalificadas por los organismos y expertos internacionales que, en todos los casos, determinan como responsables exclusivos de este crimen a quienes capturan menores de edad o los usan en el conflicto, arrebatándoles sus derechos como infantes o adolescentes y esclavizándolos, sometiéndolos a delinquir además de padecer abusos sexuales y abortos forzados en caso de las niñas y jóvenes quedar embarazadas. Por ser crímenes que rompen la vida de las víctimas, destruyen familias y están entre las primeras causas de desplazamiento forzado, el Estatuto de Roma los clasifica como de lesa humanidad.

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Para los amenazados y víctimas de reclutamiento forzado en la infancia o adolescencia, el colombiano ha sido un Estado ausente. No ha estado para prevenir el reclutamiento y evitar la huida de familias aterradas con la idea de que sus hijos menores fueran obligados o seducidos por la guerra. Tampoco ha llegado para incentivar, recibir y atender denuncias ciudadanas por un crimen que sigue afectando a las familias más vulnerables, entre ellas afro e indígenas, de 200 municipios en diez departamentos donde se concentra el riesgo. Le fue difícil, con excepción de logros importantes entre 2003 y 2010, para rescatarlos o incentivar su desmovilización ofreciéndoles restaurar su vida y la de sus familias. Y está demostrando su indiferencia al desoír su clamor porque se haga justicia con un crimen que dañó lo más preciado de una nación, sus vidas tempranas; su sueño de que se recuperen todas las personas que aún están bajo el dominio de las Farc, o sus disidencias, y su demanda de que se actúe para conocer las características y cifras de un crimen que hoy perpetran el Eln -recuérdese la indígena de 16 años herida en un campamento fariano el 30 de enero y fallecida el pasado 6 de febrero-, las disidencias farianas y las bandas narcotraficantes posparamilitares. Por ellos, este lunes también pintaremos nuestras manos de rojo.

Lo invitamos a leer: La CPI también exige paz con justicia para los crímenes de guerra

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