Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación, advirtió sobre el lento avance en la reincorporación económica y social de los exintegrantes de las Farc, e hizo un llamado al Gobierno Nacional a impulsar y garantizar una política pública con enfoque étnico y de género, que incluya una oferta amplia de empleabilidad.

“Preocupa a este organismo de control que trascurrido casi un año desde la entrega del censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional, el cual contiene la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación que incluya el enfoque étnico y de género tal como lo establece el Acuerdo Final, así como la ruta de atención y acompañamiento sicosocial para cumplir con una plena adaptabilidad a su nuevo plan de vida de los reincorporados”, escribió Carrillo Flórez en carta enviada al alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera Salazar, y al director General de la Agencia de Reincorporación y la Normalización, Andrés Felipe Stapper.

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Según cifras de la ARN, a marzo de 2018 de las 214 iniciativas productivas identificadas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), solo 35 se encuentran en fase de formulación, 4 fueron presentados en la mesa técnica del Consejo Nacional de Reincorporación, 2 ya fueron aprobados y solo 1 se encuentra en fase de desembolso.

A esto se suma que no existe información oficial sobre proyectos individuales en curso y que la Unidad Nacional de Protección se convirtió en la única fuente de empleabilidad, con la vinculación de 521 excombatientes.

También, el procurador General pidió realizar una evaluación sobre la sostenibilidad y permanencia de los Etcr, teniendo en cuenta que en algunos no hay presencia de excombatientes, y en otros más del 50% ya se ha trasladado a otros lugares; algunos permanecen en territorios colectivos que dificultan el interrelacionamiento con las comunidades; y en otros existen nuevos asentamientos e infraestructuras que evidencian voluntad de permanencia y no de transitoriedad.