La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de violencia que se vive actualmente en Tumaco, Nariño, en particular por la relación entre los cuatro hechos ocurridos en las últimas semanas: la masacre de seis campesinos y varios heridos, el ataque a la Misión Humanitaria interinstitucional, el asesinato del líder comunitario del Alto Mira y Frontera José Jair Cortés, y el asesinato de dos indígenas Awá, padre e hijo, Giovanny Taicus y Alirio Taicus.
En un comunicado emitido este jueves, la Oficina detalló que “los anteriores hechos ocurrieron en un contexto de presencia limitada del Estado, presencia de economías ilícitas, problemas estructurales de derechos humanos reflejados en altos índices de pobreza multidimensional y falta de oportunidades e  inclusión económica, política y social de la población de Tumaco. También por la falta de implementación del Acuerdo de Paz, en particular del capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y Reforma Rural Integral”.
El organismo también reseñó que “las falencias en la reincorporación a la vida civil de integrantes de las Farc, el accionar de diferentes actores armados: fuerza pública, carteles del narcotráfico, bandas criminales y grupos surgidos por las falencias en la reincorporación de las Farc a la vida civil” son causantes de la situación caótica que vive dicha localidad nariñense.
En ese contexto y dada la complejidad del anterior contexto y los múltiples actores armados legales e ilegales presentes en la zona, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge a que la investigación de los crímenes citados se haga en conjunto y a que se mantengan abiertas todas las hipótesis sobre presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales, al igual que sobre las motivaciones que posiblemente dieron lugar a los hechos, con la finalidad de lograr esclarecer qué sucedió, quiénes son los responsables a todo nivel y de esta forma garantizar los derechos de las víctimas.

Lea: La devaluación del valor de la vida, un llamado a la reflexión social

La Oficina instó a la Fiscalía General de la Nación a que adelante de forma imparcial, eficaz y con estricto apego al principio de legalidad, las investigaciones por los delitos anteriormente mencionados. También urge al ente investigador a designar a funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos como apoyo a los fiscales que adelantan las investigaciones en la Dirección Seccional, a fin de garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos en el análisis contextual de los hechos.
“La Oficina también llama a la Procuraduría General de la Nación para que en el ejercicio de sus funciones adelante las investigaciones pertinentes y adopte las medidas administrativas y disciplinarias a que haya lugar con relación a la falta de implementación de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, del Acuerdo de Paz, y del accionar de la fuerza pública”, concluyó el comunicado.