Durante los últimos 93 días el clima político y social de Nicaragua ha sufrido un pronunciado deterioro por cuenta de la desproporcionada reacción del gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, frente a las protestas ciudadanas contra una reforma a la seguridad social, las cuales derivaron en el pedido de la renuncia al mandatario, quien completa ya once años desde que asumiera la presidencia por segunda vez, en 2007. Aun cuando las cifras varían según las fuentes, el número de víctimas mortales que han dejado las protestas y las consecuentes acciones de represión oficiales, oscilaban hasta este jueves entre 350 y 400, la mayoría de ellas jóvenes universitarios.

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La gravedad de  la situación va en ascenso por cuanto la movilización ciudadana, especialmente en el municipio de Masaya, en la región metropolitana de Managua, que se declaró “territorio libre del dictador”, ha sido sofocada tanto por las fuerzas legítimas del Estado como por fuerzas paramilitares y parapoliciales toleradas por el Gobierno, las cuales han sido señaladas por la población y por los organismos defensores de derechos humanos de haber atacado impunemente a los civiles e, incluso, a la Iglesia Católica, que intentaba ser mediadora en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis entre los opositores y el mandatario. El más reciente de estos ataques ocurrió el lunes, cuando fue incendiada la sede de la organización benéfica Caritas, en el municipio de Sébaco, al norte del país. Este hecho ocurrió poco después de que la parroquia de la Divina Misericordia, al sur de Managua, donde se refugiaban algunos estudiantes que habían participado en las protestas, fuera atacada por más de trece horas con armas de fuego por las llamadas "fuerzas combinadas” leales al gobierno, con saldo de dos personas muertas. También el domingo, fue atacado a balazos el vehículo del obispo del municipio de Estelí, monseñor Abelardo Mata, mientras que el mes pasado un grupo de encapuchados invadió la basílica de Diriamba y agredió al nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, al cardenal Leopoldo Brenes, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y a otros sacerdotes, quienes auxiliaban a un grupo de paramédicos que estaban siendo amenazados por los mismos atacantes. Con estas acciones, al parecer, se ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de negociar una salida anticipada del poder del presidente Ortega, a quien la sociedad civil acusa de hechos de corrupción.

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Lo paradójico es que la crisis actual ha coincidido con el aniversario 39 del triunfo de la Revolución Sandinista, que el 19 de julio de 1979 puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía somocista que ejerció el poder dictatorial en el país desde 1934. Precisamente fue Daniel Ortega, como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), quien encabezó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que sucedió a Somoza y el primer candidato de ese partido a las elecciones de 1984, las cuales ganó con el 66,97% de los votos. Tras jurar su cargo el 10 de enero de 1985, permaneció en el poder hasta el 25 de abril de 1990, cuando le sucedió una de sus antiguas “compañeras de lucha”, Violeta Barrios de Chamorro, quien ya para entonces hacía parte de la oposición al Fsln. Hoy día  muchos de los antiguos compañeros de Ortega son sus mayores detractores, algunos de manera abierta, como el escritor y ex vicepresidente tras las elecciones de 1984, Sergio Ramírez, y muchos otros de manera anónima por temor o porque han sido víctimas de la censura.

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Dado el turbulento pasado político de Nicaragua estamos de acuerdo con las voces que hoy se distancian de la posibilidad de un nuevo golpe de estado, que más temprano que tarde llevaría el péndulo hacia el mismo lugar del que hoy se busca salir. La mejor opción y tal vez  la única, es la convocatoria anticipada a elecciones, misma propuesta que la sociedad civil ha ofrecido y la cual fue recogida por la OEA en la resolución aprobada el miércoles, con 21 votos a favor, tres en contra (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas), siete abstenciones y tres ausencias, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

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Este llamado se suma al de muchos otros países, incluidos Colombia, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, estando clara la intención de Ortega de atornillarse en el poder a toda costa, se hace necesaria la intervención de otros organismos multilaterales para concertar medidas más eficientes de presión, pues si bien la juventud y los líderes de las protestas, ahora respaldados  por el empresariado nicaragüense, han expresado su intención de resistir, ahí está el espejo de Venezuela, su bravo pueblo y sus estudiantes, para recordarnos que la tiranía siempre tiene la capacidad de desgastar, dividir, atemorizar y reprimir mediante toda clase de acciones, todas ellas violatorias de los derechos humanos. Cada semana de indiferencia y de inacción que pase ayudará a la pareja presidencial de Ortega y Murillo a fortalecerse y llevará a la oposición a debilitarse, lo que costará un alto precio en vidas humanas.