En su nota editorial introductoria al informe anual de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito -Onudoc- sobre la producción y consumo de drogas, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, invitó a los gobiernos a retomar enfoques como el suyo en Portugal, para tratar a los consumidores de drogas como población vulnerable y enferma, perspectiva que, consecuentemente, implicaría intensificar la prevención del consumo y el tratamiento a los adictos. En lo atinente a la cocaína, segunda droga más usada por los consumidores, Guterres se refiere al 0,4 de la población mundial consumidora, la que se encuentra principalmente en Australia y Nueva Zelanda, países donde el 2,4% de los adultos usan coca; Estados Unidos, con 2,2% de la población adulta consumidora; Europa, donde el 1,4% de la población consume el alcaloide, y América Latina, región que ya tiene el 1% de sus habitantes adictos a la cocaína.

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La propuesta de Guterres retoma propuestas del expresidente Barack Obama, quien inició en Estados Unidos programas federales, hoy suspendidos, para abordar el problema de las drogas como uno de salud pública, no el principalmente criminal que predomina en el mundo desde los años 70, sin que la penalización de toda la cadena haya dado los resultados deseables en formación de uso responsable, atención a los adictos, terminación del narcotráfico y tratamiento integral a los eslabones débiles de la cadena de producción-tráfico-consumo de estupefacientes.

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La perspectiva de esos líderes amplía la comprensión parcial a este, uno de los principales problemas globales. A pesar de su novedad y aparentes bondades, ella es parcial, pues desconoce la afectación que las drogas y el comercio ilícito imponen a la población vulnerable de los países productores y por los efectos perversos del narcotráfico como generador de violencia, corrupción y mayor pobreza, principalmente en las zonas de producción, aunque también son importantes los impactos en violencia en los centros de distribución y consumo.

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La producción y tráfico de drogas crece por la cooptación o amenaza a población altamente vulnerable: comunidades étnicas y campesinos empobrecidos por la falta de comercio justo para sus productos o cercados por grupos criminales que han florecido en el negocio del narcotráfico; pequeños empresarios o trabajadores informales afectados por el lavado de dinero y vinculados a esa cadena, y jóvenes con pocas oportunidades o educación, reclutados forzosamente para servir a ese crimen. Así como se reclama para los adictos, esas comunidades o ciudadanos en riesgo de caer en las redes de los poderosos narcotraficantes merecen prevención y tratamiento integral que les permita salir de esa cadena, especialmente si se encuentran en los que la ONU ya describe como “enclaves” de producción de hoja de coca -Catatumbo, Bajo Cauca, región de Tumaco, Alto Naya- o si pertenecen a las poblaciones que han sido seriamente afectadas por la recesión asociada a la pandemia de coronavirus. En estas situaciones el narcotráfico es, a su vez, causante o agravante de la vulnerabilidad de campesinos y jóvenes sometidos por una industria creciente.

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El informe de Onudoc ratifica las conclusiones del Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, Simci, según las cuales en el país siguen cayendo las hectáreas sembradas con matas de coca -la reducción entre 2018 y 2019 fue de 15.000 hectáreas, 9% del total- sin que ello implique una menor producción del alcaloide, pues en 2019 el potencial de producción de cocaína pura creció en 1,5%, llegando a 1.137 toneladas métricas en 2019. El Simci y la ONU atribuyen esos resultados a la consolidación de enclaves y a la mayor productividad de los cultivos, dado que en 2018 se obtuvieron 6,5 toneladas de hoja de coca por hectárea sembrada, frente a las 5,2 toneladas que se tenían en 2015.

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Para preocupación del país, han sido demostradas, pues, la industrialización de los cultivos, que ya no son las pocas hectáreas de campesinos sino extensiones controladas por mafias, y de los laboratorios de coca, que ya tienen capacidad de producirla 100% pura, y quedando certificada la preocupante consolidación de “enclaves” cocaleros, que son territorios prácticamente controlados por grupos criminales como el Eln en el Catatumbo; el clan del golfo en el Bajo Cauca; las disidencias de las Farc en Tumaco y el Alto Naya. Esta evolución del narcotráfico en Colombia, aunada ahora a la pandemia y la recesión, facilita el mayor riesgo para las poblaciones vulnerables y una seria afectación sobre la seguridad. En tales condiciones, es necesario que Colombia sume su voz al secretario de la ONU para reclamar nuevas formas de concertación y cooperación internacional que propenda por el tratamiento integral, no sólo criminal, a la producción, tráfico y consumo de drogas.

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