El presidente Duque desde la campaña hacia el Palacio de Nariño planteó en su propuesta apoyar a aquellos que desean incursionar con sus propios emprendimientos, sobre todo los relacionados con la economía naranja (empresas de bienes y servicios culturales), qué según Andrés Felipe Cruz, en su blog, en el mundo mueve cerca de usd$ 4.293.000 millones y, en América Latina y el Caribe la suma asciende a los usd$175.000 millones.

Pero no sólo los emprendimientos sustentados en la economía naranja jalonan los nuevos escenarios, es así como también los digitales con valor agregado tecnológico cada vez ganan más espacio entre los emprendedores del país, pero, también se deben apoyar los emprendimientos de subsistencia, aquellos que son desarrollados por personas en estado de vulnerabilidad económica como forma de “rebuscarse” el sustento diario.

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El país ha avanzado en simplificar los trámites y requisitos para la constitución de nuevas unidades de negocio, pero se presenta un dilema entre el sistema y los emprendedores. Por un lado, el sistema presiona para legalizar la empresa, lo qué implica costos altos para los nuevos negocios que en la gran mayoría carecen de músculo financiero, y por el otro lado, los nuevos empresarios con escaso capital deciden correr el riesgo de manera informal, mientras se genera un volumen de ingresos que soporte la operación. Sería interesante que el sistema establezca un período de gracia qué permita la formalización de la empresa, pero sin tener la carga económica que ello implica, mientras el negocio se desarrolla, de esta manera se impulsaría la formalización de las empresas en el país.

A finales del siglo pasado, debido a la tragedia del río Páez en los departamentos del Huila y Cauca, el gobierno presidido por César Gaviria Trujillo gestionó la denominada Ley Páez (ley 218 de 1995), qué modificó el decreto 1264 de 1994. Ambas normas hacen referencia a la exención de impuestos para las nuevas empresas que llegasen a los municipios establecidos como beneficiarios.

La exención de impuestos estipulada en la Ley Páez fue hasta el 31 de diciembre de 2003. A su vez, la cuantía exenta era por diez años, la cual podría estar entre el 100% y el 25%, según el tiempo de constitución de la empresa.

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Algo similar podría hacer el gobierno de Duque, impulsar una gran cruzada para la creación de nuevos emprendimientos mipymes con mayor exención para aquellos que les apuntalen a sectores claves dinamizadores de la economía local, regional y/o nacional.

Un estudio realizado por el Icesi en 2005, determinó qué en el Cauca, en el marco de la Ley Páez, se constituyeron 139 empresas, generando 4.873 empleos directos, el Producto Departamental Bruto -PDB- del Cauca 1994-2006 fue del 4.01%, mientras que el nacional fue de 1.5%.

El diario el Tiempo publicó en 1999 una noticia sobre el impacto de la Ley Páez en el Huila, allí y según datos de la Cámara de Comercio, se establecieron cerca de 70 empresas pequeñas, 6 medianas y 4 grandes, que, a ese año, habían creado 3.500 nuevos empleos.

Se puede observar como la Ley Páez fue beneficiosa para las regiones involucradas.

Otro instrumento de fomento al nuevo empresarismo es tener como base los principios de fomento a las exportaciones menores ideadas por Joaquín Vallejo Arbeláez en 1959, denominado el Plan Vallejo. En términos generales consiste en beneficios tributarios para quién importe bienes de capital y/o materia prima, les agregue valor con fines de exportación. Lo mismo podría aplicársele a los nuevos emprendimientos, pero en el marco del comercio interno con productos nacionales, de esta manera se impulsa la industria nacional en doble vía.

El reto está, el país lo necesita, ¿la voluntad política colombiana será capaz de aceptar el reto?