La clase media, de la que forman parte estos pensionados, no puede ser objeto de nuevos impuestos confiscatorios.
El concepto de “clase media” es confuso. Para el Banco Mundial, la clase media está conformada por los hogares cuyo ingreso diario por miembro está en el rango de US$ 10 – 50, lo que significa en la Colombia de hoy, 11 de noviembre de 2018, una suma entre COP$953.067 y COP$4’765.335 mensuales, con el precio del dólar a COP$3.176,89, según cierre del pasado viernes. Para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, una persona de clase media devengaba en 2017 entre COP$590.398 y COP$2’951.990 al mes.
Pesemos que en un hogar promedio: la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares realizada por el DANE, por primera vez en Colombia en las 32 capitales y 6 municipios priorizados, reveló que el gasto promedio mensual nacional es de COP1.909.000, cifra mucho mayor a dos salarios mínimos, que suman COP$1’562.000. Vea encuesta: http://www.finanzaspersonales.co/buscador?query=encuesta del 06.08.2018.
Esto significa que la mayoría de los que el Banco Mundial o el DNP definen como “clase media” ni siquiera puede cubrir sus gastos. En realidad, son pobres. Pero también permite inferir, que quienes considera como “ricos”, en realidad no lo son. ¿Es rico alguien que se gana COP$2’000.000? ¿En serio? Pero, además, ¿de verdad creen ustedes que una familia que tiene un ingreso promedio de cinco, siete, diez o doce millones de pesos es rica? Tener un apartamento y un auto o una moto no hace rico a nadie. Menos aún cuando de ese ingreso bruto, hay que descontar los impuestos como el IVA a prácticamente casi todos los productos, el predial (que ya llega a extremos confiscatorios), los gastos educativos de los hijos, los servicios públicos, siempre en alza; los combustibles, también escalando mes tras mes los precios, las conexiones digitales (que ya no son un lujo, sino una necesidad), las cotizaciones en salud y pensiones, que, para los independientes, que son muchísimos llegan al 12% de la base cotizable.
Este sector soporta el consumo nacional y sus compras generan, en gran medida, las ganancias de las empresas, llena las arcas del estado y crea trabajo, como el de las trabajadoras del hogar, que favorece a los más vulnerables. El mantener su capacidad de consumo no es una dádiva graciosa del estado, sino una necesidad para que la economía se mantenga y crezca riqueza y para que el estado sobreviva y pueda distribuir riqueza y no pobreza. Reducirle su capacidad de consumo afecta gravemente a aquella y las finanzas de este.
Y dentro de este segmento poblacional están los pensionados. Todo mundo sabe que hay megapensiones, del sector público, muchas veces fraudulentas de excongresistas y exmagistrados, que se jubilaron con días o meses de trabajo en un cargo de magistratura, o fueron suplentes por pocos días de algún parlamentario. Y que se jubilan a los 55 años, y no a los 62, como lo hacen los colombianos varones, o a los 57, si son mujeres. Y también es cierto que sólo el 23% de los colombianos obtendrán una pensión.
Pero la solución no es empobrecer a quienes han accedido a ella con un ingreso digno, sino corregir los errores de las megapensiones del sector público, porque los subsidios de los que se queja el gobierno están, en gran medida, en ese sector. La inmensa mayoría de los pensionados trabajó durante los tiempos estipulados y cotizó durante décadas para el sistema pensional. Forman parte de una de las poblaciones más vulnerables del país, que, a diferencia de los trabajadores, no tienen ninguna capacidad de influir en el funcionamiento de la economía y, por lo tanto, carecen de influencia política efectiva (no pueden hacer paros), y su ingreso se ajusta cada año según el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que todo el mundo sabe, es engañoso, por lo que año por año ven su mesada reducida, perdiendo así poder adquisitivo. Además, cotizan el 12% su pensión sólo para el servicio de salud.
La norma existente, de cobrar impuesto a quienes reciben como pensión más de COP12.000.000 a pesos de hoy, debería mantenerse, y no afectar a quienes reciben COP$4’800.000 o más, sector que, por otra parte, contribuye de manera importante al consumo y, por tanto, a generación de impuestos como los mencionados más arriba. Soy consciente de que el gobierno necesita nuevos ingresos para impulsar sus programas de equidad. No obstante, la clase media, de la que forman parte estos pensionados, no puede ser objeto de nuevos impuestos confiscatorios, porque un país progresa cuando los pobres aumentan sus ingresos y no cuando se empobrece a los que han logrado salir de esa condición. Esta última es la manera cómo actúan los socialistas cubanos o los venezolanos. El presidente Duque sabrá entender este clamor y encontrará, estoy seguro, fuentes alternativas para el caso de las pensiones, así como prometió para el del IVA, para financiar sus iniciativas sociales.
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