El Gobierno insiste en exigir que se imparta la Cátedra de Paz que creó en 2015 y tergiversa y empequeñece la ley que pretendía recuperar la cátedra de historia para los colombianos.
La persona responsable de calidad en el Ministerio de Educación ha notificado a educadores, familias, académicos, estudiantes y ciudadanos, que, según la interpretación del Gobierno, la Ley 1874 de 2017 no crea la cátedra de historia sino que propone que un grupo de expertos modifique los lineamientos curriculares hoy existentes para, según la funcionaria, incluir la enseñanza de la historia, la identidad y el pensamiento crítico, asuntos que hacen parte de la guía curricular vigente para los grados entre primero y undécimo.
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El pronunciamiento de la vocera del Gobierno desmiente a la autora del proyecto de ley, exsenadora Viviane Morales, quien anunció la aprobación de la norma en cuarto debate, explicando que ella “busca hacer un cambio a la Ley General de Educación de 1994, estableciendo la enseñanza de la historia como asignatura independiente de las demás ciencias sociales y generar conciencia histórica en los estudiantes a nivel nacional”. Esta nueva perspectiva, otra de las sorpresas que deja la avalancha de normas emitidas en la última semana de diciembre, es una novedad para los integrantes del Congreso que lo defendieron, así como a los maestros y académicos que siguieron el proceso de discusión de la norma y saludaron que esta cátedra tuviera énfasis en la formación del pensamiento crítico de los nuevos ciudadanos; la identidad de los colombianos a partir del conocimiento de la historia nacional y del mundo, así como la formación de la memoria histórica de largo plazo, que es la que permite comprender los procesos sociales, la democracia y sus dificultades, entre ellas los conflictos armados que ha vivido el país.
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Gracias, pues, a la decisión gubernamental, la formación de los alumnos en ciencias sociales seguirá siendo un batiburrillo, que los estudiantes no dudan en tratar como “relleno” sin utilidad práctica, puesto que es una mezcla de contenidos en geografía, historia, democracia, medio ambiente y ética. Porque este enfoque, que rige desde 1984, ha sido ineficaz para formar ciudadanos que entiendan y respeten la conformación física e historia del mundo, su país y sus regiones, humanistas, profesores y académicos de la historia insistieron en la necesidad de retomar una formación integral en historia, adoptando los nuevos modelos de enseñanza, a lo largo del proceso educativo.
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Mientras pone una barrera, por ahora insalvable, para la formación en historia, el gobierno del doctor Santos sigue insistiendo en la imposición de la Cátedra de la paz, que creó en la Ley 1732 de 2015, con los objetivos de “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica”, entendida esta última como la del conflicto con las Farc. Esta cátedra particulariza al proyecto político de este gobierno contenidos que hacen parte de la educación en competencias ciudadanas, ética y ciencias sociales, principalmente. En tanto implante exótico en el proceso, esta cátedra ha representado retos y serias dificultades para los educadores y estudiantes.
Con su sorprendente interpretación de la Ley 1874 de 2017, el Ministerio concede la razón a docentes y analistas que lamentan que en materia de políticas de educación, grande es la brecha que separa los titulares de la realidad que viven las comunidades educativas.
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