Desde que, promediando la década actual, la Corte Constitucional comenzó a dictar fallos que fueron modificando la normatividad en materia de minería, el problema de la inseguridad jurídica se convirtió en el tema más recurrente durante los sucesivos Congresos realizados por el gremio.

Durante el actual, que se celebra desde el jueves en Cartagena, un panel de expertos en legislación debatió sobre el asunto y llegó a la conclusión de que la certeza jurídica solamente se puede alcanzar en la medida en que haya reglas claras, las cuales deben ser dictadas por el Congreso de la República, como se lo han pedido las altas cortes.

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La percepción de inseguridad jurídica es elevada. Según Gloria María Borrero Restrepo, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, los empresarios tienen la idea de que la Corte Constitucional no es juiciosa en el proceso de la tutela, no tiene en cuenta las opiniones del sector, no pide la opinión de peritos expertos antes de emitir sus fallos, no emite órdenes claras y que, incluso, equipara la minería legal con la extracción ilegal.

Si bien la realidad no es esa, según explicó Borrero Restrepo tras el análisis que la Corporación hizo de 75 sentencias, sí consideró delicado que el sector minero no haya basado hasta ahora su defensa en argumentos constitucionales, lo que ha jugado en su contra dentro de los tribunales.

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Sin embargo, la experta reconoció que sí hay un problema en el hecho de que los jueces constitucionales “son muy proactivos” en el sentido de que definen políticas y legislan, aunque reconoció que, recientemente, los jueces han pedido más la actuación del Congreso.

“Es necesario actualizar a los jueces, que conozcan la buena minería, ellos sólo tienen la percepción que ofrecen los medios de comunicación”, expresó.

Los empresarios no ven las cosas tan simples. Lombardo Paredes, CEO de Gran Colombia Gold, planteó que el problema de la inseguridad jurídica comienza cuando no se respeta la propiedad privada, el sistema judicial no funciona, el Estado no hace presencia en las zonas donde la ley que impera es la de los ilegales, las cortes están permeadas por la izquierda y los impuestos atentan contra la competitividad, situaciones que trascienden las reglas de juego del sector.

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Patricia Arrázola Bustillo, socia en Gómez-Pinzón, firma de abogados especializada en asesorar empresas del sector, compartió con Paredes la idea de que falta reconocimiento a los derechos adquiridos por las empresas y añadió que el problema radica en que el Estado no ha definido si la minería es un sector del que quiere o no quiere obtener ingresos para desarrollar las regiones.

A su juicio, este hecho queda en evidencia por la falta de coordinación institucional, la falta de regulación de la Consulta Previa -que se convirtió “en un negocio” por el auge de comunidades itinerantes- y por la necesidad de una reforma constitucional sobre las consultas populares. Lo anterior lo ilustró al comparar que mientras Bolivia, que tiene un 62% de población indígena, ha celebrado 60 consultas populares, Colombia, con un 3,4% de población indígena, tiene 4.496 procesos contra proyectos mineros.

“En Colombia no hay norte, la ley se interpreta de diferentes formas y mucha inversión se está yendo por esa razón”, dijo y añadió que las ramas del poder público, que deberían controlarse entre sí, lo que hacen es contradecirse.

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Del lado del Gobierno, el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, fue enfático en señalar que la Nación “no tiene la obligación de otorgar certeza jurídica”. A su juicio, lo que los Estados tienen es el derecho a regular y de este modo “ejercen su soberanía”. “Esa regulación es la que debe tener unos parámetros, sin arbitrariedades, sin mala fe, respetando el debido proceso”, afirmó.

Por su parte, Nicolás Palau, director de inversión extranjera, servicios y propiedad intelectual en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, matizó que el problema de la seguridad jurídica no es generalizado y para ilustrar su postura indicó que la inversión extranjera directa en general en el país pasó de US$ 1.500 millones en 1994 a US$ 14.000 millones en 2017 “lo que demuestra que la regulación es positiva”. “Lo que se ve (en el sector minero) es una ausencia de normas que creen confianza”, sostuvo.

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En el aspecto de las  propuestas para solucionar la percepción de inseguridad jurídica, Patricia Arrázola indicó que el país debería crear las condiciones mediante las cuales, al otorgar un título minero, ya estén despejadas todos los posibles obstáculos que hoy día se presentan cuando el título ya existe, como son la licencia ambiental y las consultas.

En similar sentido se expresó Luis Guillermo Vélez, para quien es esencial una legislación clara; mientras que Nicolás Palau aseveró que se necesita eficiencia en los trámites, partiendo del hecho de que todos sean simultáneos.

Finalmente, el CEO de Gran Colombia Gold señaló que lo más importante para dar solución a la inseguridad jurídica es “decidir bien quién va a ser el próximo presidente de Colombia”.