Después del año de 1984, cuando la Educación Cívica dejó de ser obligatoria en la educación preescolar, básica primaria y media, al integrarse al área de las Ciencias Sociales y los maestros apenas tangencialmente incluían esta materia tan formativa en su actividad docente, se dictó la Ley 1732 de 1914, la cual dispone en su artículo primero el establecimiento de la  cátedra de la paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica primaria y media, como asignatura independiente. Dicha cátedra tiene como objetivo crear y consolidar un espacio de aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Se dispone en el artículo tercero que la estructura y funcionamiento de esta cátedra serán determinados por el reglamento correspondiente que deberá expedir el Gobienno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la Ley. Esta reglamentación ya se ha hecho por parte del Ministerio de Educación en virtud del Decreto 1038 de mayo 28 de 2015. Para ello se obró  de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política donde se consagra que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y el artículo 41 del mismo estatuto cuando reitera que el estudio de la Constitución es obligatorio en todas las instituciones oficiales y privadas.

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Bienvenidos pues estos ordenamientos del Gobierno, porque no parece exagerado afirmar -  y así lo hemos reiterado en diferentes ocasiones – que una buena parte de la crisis de nuestra sociedad que se ha venido acentuando en los últimos años, obedece al hecho irresponsable, por decir lo menos, de haber suprimido del pénsun educativo, materias tan formativas como la cívica y la urbanidad, orientadas a inculcar en la mente y en el corazón del niño desde su más tierna edad, el amor a la patria y a sus símbolos, el concepto de solidaridad, la noción del orden, de libertad y de justicia y esa serie de conocimientos mínimos que un  colombiano con uso de razón está obligado a poseer acerca de la organización del Estado, de los deberes y derechos que lo ligan a él y de las normas de comportamiento que contribuyen al progreso de la comunidad. Se reemplazaron entonces la buenas maneras por la ordinariez y el respeto a la autoridad por conductas anarquicas que estimuladas muchas veces por los mismos obligados a dar ejemplo de acatamiento a la ley, han traido como resultado los continuos paros y conflictos que a todo nivel de actividad y con cubrimiento de todo el pais, han causado inmensos perjuicios a la comunidad y cuantiosas pérdidas económicas, situaciones a las que nos hemos ido acostumbrando.