Un juez de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump que reactive el programa para jóvenes indocumentados Daca con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, conocidos como "soñadores" o "dreamers".

El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró "inexplicada" la derogación de programa Daca, ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue "ilegal".

Bates dijo que la suspensión fue "arbitraria y caprichosa" porque el Gobierno "no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal".

No obstante, el magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al Gobierno de Estados Unidos de justificar por qué puso fin al programa.

Si no se presentan novedades relevantes, el Gobierno "deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de Daca, así como las renovaciones" pasados los 90 días, decidió el juez.

"Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado, que de otra manera sería elegible para recibir los beneficios de Daca, está expuesto a una deportación por una acción ilegal", concluyó Bates.

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La suspensión de Daca ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.

De hecho, en enero, otro juez federal ya ordenó la reactivación parcial de Daca con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

El plan Daca fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, a los que se conoce como "soñadores".

Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.