Los acuerdos de paz de la Habana no solo son objeto de asimilación, sino también de demanda ciudadana para que el gobierno cumpla lo pactado
Desde el sábado 19 de mayo se congregaron 140 campesinos en el coliseo cubierto de Ituango provenientes de lejanas veredas aledañas o entronizadas en el nudo de paramillo, para protestar por la incertidumbre con sus cultivos de coca ante la amenaza de la erradicación forzada por parte del ejército. Era tal su decisión que no importaron las precariedades de alimentación o dormida en un recinto cruzado por el frio. El lunes 21 de mayo en la noche se hizo presente una comisión de entidades internacionales, nacionales, departamentales y locales actuantes en la región para intentar una concertación. Lo primero era escuchar sus demandas. Y en boca de los voceros campesinos fueron de tal magnitud que todos los allí presentes pensamos: “acá no hay nada, perdemos el tiempo”. Y se inició un dialogo argumentado de parte y parte que permitió desmontar varias exigencias por ir en contravía de la legalidad que rige para los parques nacionales. Al final, luego de 90 minutos de argumentación compartida se llegó a un acuerdo sencillo pero importante para los pobladores del campo: hacer parte de un censo o registro de campesinos interesados en hacer parte del programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos promovido por el gobierno y las Naciones Unidas.
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Para los campesinos de esta zona de Antioquia, los acuerdos de paz de la Habana no solo son objeto de asimilación, sino también de demanda ciudadana para que el gobierno cumpla lo pactado. En ese texto suscrito por Santos y Timochenko estos pobladores olvidados por la institucionalidad, solo encuentran posibilidades para atacar la pobreza y la carencia de oportunidades por la ausencia del Estado en sus territorios por décadas y décadas. Otra verificación: el compromiso de los líderes de las Farc para cumplir los acuerdos y convocar a la población bajo su influencia a acatar la normatividad vigente y postergar demandas que impliquen revisión de leyes o decretos. Sin esa disposición de los dirigentes farianos presentes en la reunión, no hubiera sido posible levantar el desplazamiento voluntario y el retorno a sus lugares de origen con la expectativa bajo el brazo de poder cultivar algo distinto a la coca. Eso fue lo que observamos, con cierta perplejidad, en ese encuentro donde inicialmente solo se respiraba desconfianza.
Ituango es un municipio donde abundan las historias y los testimonios relacionados con la crueldad del conflicto armado. También abunda la esperanza. La policía y el ejercito levantaron las barricadas que durante tantos años se erigieron en pleno parque central para repeler los recurrentes ataques enemigos. Los miembros de la fuerza pública cubren cada vez más territorio con sus patrullajes. Hay desazón por las extorsiones y otros delitos que nublan las bondades del proceso de desmovilización de la guerrilla, que se enquistó en ese municipio hasta el punto de convertirlo en una fortaleza inexpugnable para el paramilitarismo en la región. Lo que no quiere decir que las Farc sean protagonistas políticos en la localidad, los resultados electorales para congreso en marzo pasado así lo demostraron.
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Pero Ituango es como de malas. Las dolorosas falencias o desaciertos en la ejecución de Hidroituango que tanto desarraigo ha generado en las riberas del río Cauca hacia abajo, ha implicado el aislamiento casi total de este municipio. Hoy, para poder llegar o salir hay que hacer parte de dos caravanas diarias, controladas a determinadas horas, con todas las dificultades que ello implica para la movilidad y el abastecimiento. Esa dura realidad no tiene espacio en los medios de comunicación.