Parece increíble que en un país con tantos problemas como Colombia, los magistrados de la otrora honorable Corte Suprema de Justicia dediquen su tiempo a perseguir a quien consideran su gran enemigo político, nada más y nada menos que el presidente más popular de la historia nacional y el líder político más importante del último siglo, el expresidente Uribe.

Un canal nacional de televisión les concedió una entrevista con una insólita extension de 18 minutos a los magistrados Barceló y Hernández para que hicieran sus descargos y salieran en limpio, con el repetido argumento de que hay sectores interesados en el desprestigio de ese alto tribunal. Pero los hechos son tan contundentes que hasta la ONU ha reconocido que se está violando el debido proceso del expresidente Uribe. La excusa de que la interceptación de su teléfono se debió a una simple equivocación, por un supuesto error que el magistrado Barceló no reconoce como tal, no ha convencido a nadie y, de hecho, ya se ha informado que la Corte Suprema fue notificada por sus investigadores, desde el mes de febrero, de que ese número correspondía a Álvaro Uribe Vélez. Es decir, la mala intención de los magistrados ha sido comprobada.

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Por su parte, no es casualidad que la malhadada Justicia Especial para la Paz (o para las Farc, más bien), también se queje de ser víctima de un complot de desprestigio, a pesar de que en su muy corta existencia pululan los escándalos, empezando por los permisos que este tribunal les otorgó a criminales de las Farc para ir de turismo al extranjero. Dichas autorizaciones fueron firmadas por el anterior secretario general, Néstor Raúl Correa, pero este salió de la entidad no por esa irregularidad sino por roces con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, por el control del presupuesto y la fronda burocrática de casi 900 cargos que requiere su funcionamiento.

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Ahora los escandalos vienen por cuenta del remplazo de Correa, la conocida Martha Lucía Zamora, persona cercana a a los inefables Eduardo Montealegre, Iván Velásquez y Gustavo Petro Urrego. La Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos por el supuesto encubrimiento de varios exjefes de las Farc, señalados de abandonar los espacios territoriales. Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, las investigaciones dejaron al descubierto posibles maniobras que estarían auspiciadas desde altas instancias de la JEP, para ayudar a tres de los más peligrosos cabecillas de las Farc a evadir sus compromisos con el Estado y trasladarse a zonas rurales donde se han refugiado de forma ilegal.

Como puede verse, con entuertos de semejante calado, que no son ni la punta del iceberg, es ridículo que se hable de complots de desprestigio contra las altas cortes cuando es evidente que ellas —gracias a sus magistrados— se bastan a sí mismas para enlodar su nombre. Es una pena que el presidente Duque no insista en su promesa de unificar las cortes —ni de acabar con la JEP— y se haya decidido por una reforma a la justicia que puede resultar contemporizadora. Amanecerá y veremos si es más de lo mismo.