Este caso es otro más de la corruptela, de la venalidad y de la pus que se apoderó de Colombia. ¿Hasta cuándo?
Aunque en Colombia todo es imaginable que ocurra (hablo en materia de corrupción), es muy difícil que vuelva a presentarse un caso tan repugnante como el de la asignación de tres contratos a dedo del exfiscal Eduardo Montealegre a Natalia Springer (sin licitación pública en pro de la logrera firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Service), por $ 4.276 millones. No obstante pareciera que esto ya estaba en el rincón del olvido, la Procuraduría General de la Nación, en cuarenta y dos páginas, hace poco se vino lanza en ristre contra estos contratos y visibilizó una vulgar cadena de irregularidades. El procurador para la Vigilancia Administrativa, Gustavo Adolfo Castro, se convirtió en el tambor mayor del destape de semejantes tropelías. A propósito de ello, publicó El Espectador, el 27 de agosto último, una muy bien lograda crónica sobre este tema, con autoría del periodista Juan David Laverde Palma, sobre la cual entresaco –a guisa de resumen ignominioso– los 15 hechos más aberrantes:
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1) El país nunca conoció los tan cacareados informes sobre los ampulosos “georreferenciación de datos, proceso de información estadística y algoritmos revolucionarios”; 2) El reporte pomposo sobre el delito de secuestro en las Farc nunca pudo ser usado para judicializar a ningún responsable de la guerra en este país, pues adolecía de “serios problemas metodológicos y datos no verificables”; 3) Nunca se aportaron los perfiles de los integrantes de la firma en comento; 4) La tal firma utilizó información existente en la Fiscalía, por lo que permitir ello y pagar esos costalados de plata fue considerado algo “absurdo, ilógico e irracional”.
5) Nunca se demostraron los requisitos que reunía la detestable firma de marras, para acreditar la mejor experiencia: 6) En los estudios previos de los contratos, no se cumplió el parámetro de justificar las razones que demostraran el necesario perfil de la contratista; 7) Se consideró por los expertos que los informes eran tan pobres (sobre todo existiendo el banco de datos), que los pudo haber realizado con lujo de detalles la UNAC (Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía) y no hubieran valido ningún costo adicional; 8) Ni en los contratos ni en los estudios, se indicó cómo llevar a buen término el método para introducir los resultados en los procesos penales; 9) No hay prueba alguna que demuestre el cumplimiento de los objetos contractuales.
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10) El exfiscal Montealegre, consideró que el uso de los modelos matemáticos de Natalia Springer implicaba “un giro copernicano”. Todo un eufemismo, para tanta vacuidad; 11) Los títulos que mencionó Springer que tenía en materia de experticia en resolución de conflictos, resultaron fallidos, pues fueron meros “cursos de verano”; 12) Nunca se demostró que los informes tuvieran impacto en las necesidades de la Fiscalía; 13) La afirmación de que Springer tenía ante la Unión Europea, los rebuscadísimos pergaminos de “propietaria de patente de la metodología de contención de daño y autora del mapeo de emergencias y desastres para niños y para niñas”, resultó chueca.
14) Según los contratos, Springer se obligaba a “prestar servicios de apoyo, acompañamiento y asesoría pertinente a la Fiscalía para la divulgación pública de investigaciones en casos de crímenes contra la humanidad”, lo que resultó ser pura paja y 15) Montealegre aseguró el 20 de septiembre de 2015 que “los estudios de Natalia Springer iban a ser claves para desnudar violaciones masivas a los derechos humanos”, lo que fue otra reverenda inocentada.
En resumen, la Procuraduría sentenció que los millonarios contratos celebrados entre la firma de Natalia Springer y la Fiscalía de Eduardo Montealegre fueron un abyecto fiasco. Pero más allá de ocuparse de lo que ya se sabía, este caso es otro más de la corruptela, de la venalidad y de la pus que se apoderó de Colombia. ¿Hasta cuándo?