Es muy lamentable que le corresponda al Concejo tomar sus decisiones sólo con los anuncios de las exhaustivas investigaciones por parte de los organismos de control.
Con el proyecto de Acuerdo 150 de 2018, a través del cual EPM aspira que el Concejo Municipal le autorice la enajenación de la propiedad accionaria que tiene en otras empresas, se ha puesto en consideración del Concejo de la ciudad uno de los retos más importantes que ha tenido que asumir esa corporación en los últimos años, pues no se trata tan sólo de adoptar medidas administrativas de “trámite”, sino que es la oportunidad para que se avance en el estudio colectivo de las causas, efectos y eventuales responsabilidades derivadas de la contingencia generada en la construcción de Hidroituango y se evalúen propuestas sobre las políticas públicas que en adelante debe ejecutar la empresa.
La posible toma de decisiones sin que previamente se hayan pronunciado diferentes organismos de control hace explícita la inconveniencia de la manera cómo actúan este tipo de organismos, pues si bien en este caso tienen competencias las contralorías, la Personería, la Procuraduría, y además la Fiscalía, las superintendencias y las autoridades ambientales, lo cierto es que al Concejo le corresponderá adoptar algunas decisiones sin conocer el resultado de la totalidad de las actuaciones de esos organismos, que seguramente se harán públicas dentro de varios años.
Es muy lamentable que le corresponda al Concejo tomar sus decisiones sólo con los anuncios de las exhaustivas investigaciones por parte de los organismos de control, por eso ha sido necesario que la empresa brinde toda la información necesaria para que los concejales adopten sus decisiones debidamente ilustrados.
Los debates en torno a las medidas que debe tomar EPM ante la contingencia generada por la crisis de Hidroituango son apenas normales, pues se trata del futuro de entidades estatales que son básicas para el desarrollo local y regional, que deben garantizar la protección de los derechos de los habitantes de la región, la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la estabilidad de EPM y del propio Hidroituango que sin duda afectarán no solo a Medellín, sino a todo el departamento.
En este contexto es necesario recordar que EPM es una entidad descentralizada el municipio de Medellín y en consecuencia hace parte de la administración municipal a la que está vinculada, y le corresponde al Municipio ejercer control de tutela sobre la misma, pero además EPM es objeto de control por parte de la Contraloría, la Personería y el Concejo Municipal, asunto que no debería preocuparnos, sino por el contrario, tener la certeza de que la empresa en este momento de crisis tomará la mejor decisión desde la perspectiva de la protección del interés público social, que debe ser determinante tratándose de una entidad del Estado.
No obstante que EPM es una empresa que presta servicios públicos, sujeta en materia de actos y contratos al derecho privado, las personas que prestan sus servicios a la empresa son empleados públicos y trabadores oficiales y en especial los primeros están sujetos en sus actuaciones a la aplicación del principio de legalidad y función reglada de la administración, principio que se aplica a la empresa en todos sus actos.
La responsabilidad de los actuales administradores de la empresa, incluida su junta directiva, no debe ser un obstáculo para que el Concejo y los ciudadanos conozcamos a nivel de detalle el alcance de las decisiones que se adoptan, y para que el Concejo, que es el mecanismo democrático que nos vincula a todos los ciudadanos con la empresa, tome sus decisiones lo mejor ilustrado posible.
Lejos de acelerar las decisiones y de considerar inútil del debate, lo que debe hacerse es, tal como se ha venido haciendo, ilustrar debidamente a los concejales y a los ciudadanos, y adoptar las decisiones teniendo en cuenta que se trata de “servicios públicos” y que, en ellos, debe prevalecer el desarrollo local y regional y la protección del interés público social.
Ojalá, como resultado de los actuales debates, la administración y los concejales lleguen a acuerdos sobre la mejor decisión para la ciudad, pues ese y no otro el fin de las deliberaciones que se han venido realizando.