Ahora que es ilegal, el mercurio se vende en redes sociales

Autor: Pablo Andrés Restrepo López
28 noviembre de 2018 - 05:47 PM

Desde la entrada en vigencia de la Ley 1658, que prohíbe su uso en la minería, el precio del metal se ha incrementado en cerca de un millón de pesos por kilo; sin embargo la norma no tipifica como delito su comercialización.

Medellín

Al buscar “venta de mercurio Medellín” en Google, aparecen 140 enlaces. Entre vínculos de MercadoLibre, páginas similares e incluso perfiles de Facebook, es fácil encontrar contactos para conseguir este elemento a un costo de 700.000 pesos el kilo y de 23 millones de pesos la pipeta de 34 kilos.

“Mercurio líquido” anuncian la mayoría de los vínculos y “Mercurio 99% puro” ofrecen los demás. Pocos anuncian 100% de pureza, pero esto no tiene mucha importancia en la práctica. Basta un número, un pedido y el intercambio del producto por el dinero. Esto no tendría problema de no ser porque el mercurio en Colombia, actualmente, es ilegal.

Este elemento, usado para procedimientos médicos y odontológicos, se ha extendido en mayor medida en la extracción de minerales, específicamente para separar el oro del material que lo rodea, en un proceso conocido como amalgamación, habitual entre los mineros artesanales e ilegales.

El mercurio atrapa el oro y luego se quema para obtener el metal precioso. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se calcula que la amalgamación logra percibir más del 70% del oro del material que se mezcla con mercurio, tarda un tercio menos que otros métodos como la cianuración y es económico, lo que lo hace accesible para los mineros informales, que son entre el 20 y el 30 por ciento en el mundo.

Datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas y Energía, indican que Colombia era el tercer país que más importaba mercurio (101,1 toneladas en 2012) detrás de EEUU (155 toneladas) y Perú (111 toneladas) y el segundo que más lo utiliza para actividades extractivas (75 toneladas anuales) detrás de China (444 toneladas anuales). Más del 70% del material importado tiene como centro de distribución a Medellín y a los municipios mineros de Antioquia.

Esto se debe a que el departamento es el que más extrae oro en el país. En 2016 el total de metal extraído fue de 25 toneladas, superando por 10 toneladas al segundo departamento con más extracción, Chocó. En el ámbito nacional, en 2017 se extrajeron 41,06 toneladas, mientras que en 2016 Colombia se ubicó como el decimoquinto extractor de oro en el mundo según la Agencia Nacional de Minería.

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Mercurio ilegal

En julio de 2013 fue aprobada la Ley 1658 para la regulación y eliminación gradual del uso del mercurio en las industrias del país. En ella se lee que los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Salud y Trabajo deben establecer medidas regulatorias de este metal y, en distintos plazos, erradicar su uso. En la minería, por ejemplo, este lapso de tiempo era de cinco años, cumplidos en julio de 2018.

Determina también presupuestos para entidades como Colciencias y los organismos ministeriales, cuyo objetivo es la investigación enfocada en el reemplazo de este elemento en las actividades en los que más se requiere, como la extracción de oro.

En 2014 el MinMinas, con su Resolución 91267, comenzó el proceso de formalización de mineros como lo pedía la Ley 1658. En 2016 el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 565 que estableció los requisitos y el procedimiento para el registro minero de usuarios de mercurio. En diciembre del mismo año, el Ministerio de Industria y Comercio, en su Decreto 2133, estableció las medidas de control en el proceso de importación de este metal. Finalmente en Antioquia, la Ordenanza 24 de 2017 planteó la inversión para erradicar el uso del mercurio desde la investigación científica y la formalización de mineros artesanales.

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Según el Ministerio de Minas, a la fecha se han logrado intervenir 90 de 115 plantas mineras, beneficiando a 1.112 mineros, reduciendo siete toneladas anuales el uso del mercurio. De igual manera se han capacitado 37.000 barequeros legales. Además, se han hecho inversiones junto con la Secretaría de Minas de Antioquia, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en proyectos de biominería y nanotecnología que buscan hallar formas ecoamigables y accesibles de extraer el oro, esto en convenio con universidades como la de Antioquia y la Pontificia Bolivariana.

Así mismo, la Secretaría de Minas de Antioquia declaró que en la actual Administración se han invertido 33.000 millones de pesos para la erradicación del mercurio en la minería. Entre las inversiones que se han hecho, a parte de la formalización y la investigación, también se ha trabajado en la recuperación de 1.600 hectáreas que se han visto afectadas por la minería ilegal, y se han hecho capacitaciones y acompañamientos a pequeños mineros, método que según la Secretaría ha sido el que mejor se ha recibido por parte de los pobladores, quienes en el inicio de los procesos mostraron resistencia al cambio alegando que el uso del mercurio para la extracción era una tradición cultural.

El 16 de octubre de 2018 el gobernador Luis Pérez, en intervención ante los medios tras un Consejo de Seguridad, afirmó que Antioquia, que llegó a consumir 120 toneladas de mercurio al año, hoy consume menos de 20 toneladas.

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El tráfico naciente

Y aunque la Secretaría de Minas de Antioquia reconoce que el precio del mercurio se ha disparado ahora que es ilegal, pasando de valer 300.000 pesos por kilogramo a alrededor de un millón de pesos más, todavía hay un mercado de este material presente en los enlaces de venta de la red.

“Mercurio líquido 99,9% pureza” es un perfil en Facebook que anuncia la venta de “frascos de 23 kilos” de este metal en Medellín y Cúcuta. Las consultas de solicitantes varían entre números de contacto, preguntas por precios, ubicación y solicitudes de dos cilindros semanales, transferencia que de ser ejecutada representaría un movimiento de capital de poco menos de 100 millones de pesos mensuales.

Ha habido incautaciones aunque, a excepción de una realizada en Urabá en mayo de 2018, que según informes de prensa fue de 272 kilogramos del metal avaluados en 217 millones de pesos, han sido de pequeñas cantidades, según boletines de la Armada Nacional. En ocasiones, estas no alcanzan ni a un kilo total del elemento. Y es que entre las razones por las que el tráfico de mercurio persiste, es que la Ley, si bien declara ilegal la venta y uso de este, no tipifica estas acciones como delitos.

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La Ley 30 de 1986, similar en algunos aspectos a la Ley 1658 de 2013, declara ilegal la producción, importación y comercialización de estupefacientes o drogas. Esta Ley también estipula que debe haber inversión en campañas de prevención y educación. Sin embargo, el capítulo quinto, en sus 18 artículos, tipifica lo antes declarado ilegal como un delito y detalla sanciones y sentencias penales contra quienes la violen, algo que no hace la Ley 1658 que es técnica antes que jurídica.

Y es que esta última sólo contempla sanciones administrativas contra funcionarios que no la hagan cumplir. Tanto la Secretaría de Minas de Antioquia como el Ministerio de Minas responden a la pregunta sobre la legislación antitráfico de mercurio con las leyes 1333 de 2009 y los artículos 97 y 108 del Código Nacional de Policía. Sin embargo, la Ley mencionada sólo establece el proceso sancionatorio que el Ministerio de Ambiente debe aplicar a quienes utilicen ilegalmente sustancias tóxicas, no hay tampoco delito tipificado y se mencionan igual sanciones administrativas a empresas e incautación del material a quien lo maneje sin los requisitos legales.

Jorge Jaramillo Pereira, uno de los asesores en la redacción de la Ley afirmó que esta es de carácter técnico, por lo que busca establecer una agenda antimercurio antes que imponer castigos e iniciar persecuciones. Así las cosas, la idea es que el Gobierno brinde pedagogía sobre alternativas a los mineros, quienes no tienen la culpa, según él, de usar la amalgamación como forma de extracción, ya que la técnica “es una herencia cultural que se remonta a la época colonial”.

Cierto es que la lucha contra el narcotráfico de la Ley 30 de 1986 tampoco busca criminalizar a los consumidores, pero no deja de penalizar el tráfico y la venta.

Los mencionados artículos del Código de Policía son sólo la reafirmación de que las autoridades tienen la competencia de hacer cumplir la ley mencionada. En conclusión, el porte ilegal de mercurio tiene como consecuencia, en el peor de los casos, siendo una empresa la que lo maneje, una multa y la pérdida de la licencia ambiental. En caso de que quien lo trafique sea una persona natural, más allá de la incautación no hay contemplada la imputación de ningún cargo.

Dicho vacío en la jurisprudencia permite el crecimiento del tráfico de este material, pues no solo hay un mercado dispuesto a pagarlo, sino que son nimias las consecuencias que puede acarrearle a un vendedor atrapado violando la ley. Este, a diferencia de un narcotraficante, perderá sólo el material, más no su libertad. 

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