Con la desmovilización de más de 7.000 guerrilleros, la dejación de sus armas, el debut como partido político de las Farc y la elección de los 51 magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se cumple un año desde la firma del primer pacto para la terminación del conflicto armado en el país, el cual fue derogado en su momento por los colombianos en el plebiscito y presentado nuevamente en noviembre de 2016 para su firma definitiva.

Y aunque desde muchos sectores ven con positivismo los avances durante este proceso, hay quienes consideran que ni el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ni el desmovilizado grupo insurgente han cumplido a cabalidad con el Acuerdo de Paz.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, considera que aunque no se ha avanzado a la velocidad que todas las partes del conflicto quisieran, sí se han logrado implementar acciones importantes como la conformación de la JEP, modelo de justicia transicional que, de acuerdo a lo firmado en La Habana, se encargará de conocer, investigar y juzgar todos los delitos ocurridos durante los más de 50 años de conflicto armado.

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Por ello, está convencido de que los 51 magistrados que integrarán el Tribunal de Paz y las Salas de Justicia de la JEP “son juristas probos, de gran trayectoria, con diferentes tendencias ideológicas y ninguno de ellos esta tachado de corrupción”.

Sin embargo, este no es un pensamiento colectivo, y así lo dejó ver el presidente del Partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, quien aseguró que su bancada votará negativamente el proyecto de ley estatutaria que actualmente se debate en el Congreso de la República y el cual busca dotar de herramientas a la nueva justicia especial para que pueda comenzar labores.

“Cambio Radical considera que la Justicia Ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo Estado de Derecho, que debe respeto por las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas estas competencias a una justicia de excepción”, señaló el dirigente político.

Asimismo, desde la bancada manifiestan que la mayoría de los recién nombrados magistrados, con contadas excepciones, no generan garantías para la sociedad civil “por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado”.

Y las víctimas…

Si hay algo claro en todo este proceso es que después de más de medio siglo de conflicto el país debe enfrentarse a múltiples retos, entre ellos, acabar con el narcotráfico, reintegrar a los desmovilizados a la sociedad civil y, en especial, reparar a las víctimas de la guerra dentro de un sistema integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.

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Para dicho resarcimiento, las Farc entregaron 5.000 millones de pesos al Gobierno Nacional que fueron directamente al fondo de reparación a las víctimas. Además, otorgaron una lista de propiedades que, a pesar de superar los más de 960.000 millones de pesos, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, no son todos los bienes de los cuales dispone la desmovilizada guerrilla.

Por ello, el fiscal General Néstor Humberto Martínez ha venido exigiendo la plena identificación de los activos de ese grupo, advirtiendo que no le parece de buen gusto que hayan relacionado escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.

Hubo dejación de armas

Con respecto a las armas que los excombatientes de las Farc se comprometieron a entregar a fin de garantizar una paz duradera y una reincorporación a la vida normal, la Misión de la ONU en Colombia dio por terminado este proceso de “manera satisfactoria” el pasado viernes 22 de septiembre.

Fueron casi 9.000 armas, más de un millón y medio de municiones, 38 toneladas de explosivos, 11 mil granadas, 3.500 minas antipersonales, 4.000 municiones de mortero y 52 kilómetros de cordón detonante lo que las Farc entregaron para su posterior destrucción.

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Jean Arnault, jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, agradeció al presidente Santos y a las instituciones que apoyaron el desarrollo de “este exitoso proceso”, ante lo cual el mandatario de los colombianos se comprometió a que las armas que fueron “para provocar destrucción y muerte, ahora servirán para hacer monumentos que exalten la paz y la vida”.

“El Estado no ha cumplido”

A pesar de reconocer que el país está superando efectivamente el conflicto armado, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, manifestó que el Gobierno Nacional no ha cumplido satisfactoriamente con algunos asuntos que eran “sencillos y otros un poco gruesos de cumplir”.

“En primer lugar no se ha cumplido con la ley de amnistía, pues todavía hay más de 1.000 integrantes de las Farc en las cárceles. En segundo lugar, el trámite legislativo, y esta vez no hablo del Gobierno sino del Estado, ha sido supremamente lento y sometido a los vaivenes de los apetitos burocráticos, las discusiones electorales y las pugnas internas de los partidos políticos”, aseveró el parlamentario.

Además, existe un problema grave a su juicio y es la ausencia de un plan concreto de reincorporación de estos exguerrilleros a la sociedad.

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Sin embargo, y refiriéndose al tema de las víctimas, para Cepeda es una gran noticia la conformación de la JEP, pues en los próximos años habrá un tribunal encargado de juzgar crímenes que están en “la absoluta impunidad”.

Para concluir, el senador del Polo aseguró que en este punto del proceso de paz es necesario darle un impulso renovado a los compromisos entre ambas partes para que este acuerdo no sólo sea verdadero sino que perdure en el tiempo.

En Antioquia, así avanza el acuerdo

En marzo del presente año, la Gobernación de Antioquia quiso realizar un trabajo de verificación y conocimiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización de las Farc en cinco municipios de nuestro departamento, sin embargo, la desmovilizada organización se negó rotundamente a recibir esta visita estatal.

Ante la preocupación expresada en su momento por el gobernador Luis Pérez debido a este hecho, hay pleno conocimiento de que algunos excombatientes entregaron sus armas para poder salir de estas zonas transitorias de verificación y acogerse al proceso de reinserción.

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“El proceso de paz ha evolucionado, pero seguimos viendo que en las cabeceras locales, cerca donde están estas ciudadelas de las Farc, hay milicianos que se han estado reorganizando, el microtráfico y las rutas del narcotráfico no han desaparecido y los cultivos de coca se siguen manteniendo”, denunció Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia.

Asimismo, la funcionaria aseguró que las autoridades departamentales tienen pleno conocimiento de que algunos exmilitantes de las Farc en Antioquia se han ido engrosar las filas criminales de grupos como el “clan del Golfo” y la guerrilla del Eln.

“Sabemos cómo vienen operando estos grupos, por ello seguiremos sumando esfuerzos para desarticular a todas estas organizaciones y seguir dando golpes contundentes que nos permitan mantener el territorio en paz”, ultimó Ramírez.